El presidente catalán se incorpora a una de las marchas que se dirigen a Barcelona

"Hemos venido hasta aquí para expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en rechazo a las sentencias y en defensa de la autodeterminación", dijo Torra en declaraciones a la prensa desde la cabecera de la marcha en Girona.

​En su breve conversación con los medios, Torra volvió a calificar el fallo del Tribunal Supremo español contra los líderes independentistas catalanes como "una sentencia farsa" y, además de agradecer a todos los manifestantes su presencia en la marcha, reafirmó su compromiso para garantizar que este tipo de actos de protesta puedan seguir celebrándose.

De esta manera, Torra trató de esquivar las críticas a su equipo de gobierno por la gestión del orden público en los últimos días en Cataluña tras alentar unas protestas que luego propiciaron episodios de enfrentamiento entre los manifestantes y los Mossos d"Esquadra (la Policía autonómica de Cataluña).

Este mismo 16 de octubre Quim Torra convocó una reunión urgente para tratar la cuestión del orden público junto a su vicepresidente, Pere Aragonés, y el consejero de interior, Miquel Buch, además de otros integrantes de su equipo.

Según reportan medios catalanes, la reunión finalizó sin que los integrantes del Gobierno catalán lograran fijar una posición unitaria en respuesta a los disturbios.

El papel desarrollado por Miquel Buch como máximo responsable político de los Mossos d"Esquadra fue duramente criticado en las últimas horas incluso por representantes destacados del movimiento independentista, como el diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los dos partidos coaligados en el Gobierno catalán.

El Tribunal Supremo de España emitió este 14 de octubre su sentencia contra los 12 líderes catalanes responsables del proceso político que llevó al referéndum unilateral de octubre 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

El fallo del alto tribunal suma casi 100 años de cárcel para el conjunto de los acusados, con condenas que llegan a los 13 años de cárcel por delitos de sedición, malversación y desobediencia.

Marchas

Tras el intento por colapsar el aeropuerto de Barcelona en la jornada del 14 de octubre y los disturbios del martes 15 en distintos núcleos urbanos, este 16 de octubre el protagonismo de la protesta recae sobre las cinco marchas que recorren el mapa catalán.

Las cinco marchas, nutridas por decenas de miles de personas, se desplazan desde las poblaciones de Girona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona para recorrer unas distancias cercanas a los 100 kilómetros en su desplazamiento hacia la capital catalana, a la que llegarán el 18 de octubre.

Este acto de protesta está convocado por las organizaciones civiles independentistas Ómnium Cultural (OC) y Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyos antiguos líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encuentran entre las personas condenadas por los sucesos de 2017.

El secretario nacional de la ANC, David Fernández, aseguró en los días previos a la publicación de la sentencia que la intención de estas marchas es "colapsar toda la red viaria principal de Cataluña".

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) comunicó este 16 de octubre que las columnas provocaron ya cortes intermitentes en 15 carreteras.

La presencia del presidente catalán en estas marchas fue duramente criticada por parte de sus rivales políticos.

"Increíble: el representante del Estado en Cataluña cortando ilegalmente una autopista del Estado y encabezando a los comandos separatistas", lamentó Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, primera fuerza de la oposición en Cataluña.

​A la vista de las imágenes de Torra participando en la marcha, Rivera pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, actuar "ya" para aplicar el artículo 155 de la Constitución y tomar el control de las instituciones catalanas desde Madrid.

En un tono similar, el líder de la oposición a nivel nacional, Pablo Casado (del conservador Partido Popular), solicitó este 16 de octubre a Sánchez la activación de la Ley de Seguridad Nacional para que el Gobierno catalán pierda las competencias sobre el control del orden público en su territorio.

El Gobierno de España se comprometió a trabajar para conservar el orden, pero por el momento descarta la asunción de este tipo de medidas porque —en palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos— "no se dan los supuestos para ello".