"Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno, no, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", firmó Moreno.
"Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan, ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de estado", afirmó Moreno refiriéndose a las acusaciones de corrupción contra Correa, Patiño y otros funcionarios de su Gobierno.
El mandatario aseguró que no anulará las medidas propuestas, ampliamente criticadas debido a la eliminación de los subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a empleados públicos.
"No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. La eliminación de subsidios es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares, recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país", dijo Moreno.
Entre las medidas anunciadas se encuentran: eliminar el subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, eliminar o reducir los aranceles para la importación de maquinaria, equipos y materia prima tanto agrícola como industrial, quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología así como el anticipo del impuesto a la renta, y mantener en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Pero las medidas son resistidas por varios sectores de la población, entre ellos las comunidades indígenas, que se movilizaron el fin de semana y el lunes bloqueando carreteras y calles en varias ciudades.
Cientos de indígenas llegaron al centro histórico de Quito en una manifestación pacífica, pero fueron dispersados por la policía que les arrojó gas lacrimógeno.
Durante la tarde del lunes 7 se habían registrado diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de la capital ecuatoriana.
Debido a las protestas, Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil (oeste) desde Quito.