"Iniciar la huelga de hambre de representantes del departamento de Potosí en la sede de Gobierno [La Paz] el 1 de octubre [y] paro general indefinido departamental en defensa de los recursos naturales a partir del día lunes 7 de octubre", resolvió esta organización, según un documento divulgado por la agencia católica de noticias Fides.
El comité potosino (Comcipo) denunció, en el documento que fue presentado como resolución de un "cabildo departamental orgánico representativo" realizado el fin de semana en Uyuni, la política gubernamental sobre el litio y otros minerales como de "entreguismo" de los recursos naturales a intereses extranjeros.
Las protestas, que el Comcipo había anticipado desde principios de septiembre, fueron emitidas en Uyuni, ciudad que da su nombre al salar altiplánico que alberga la mayor reserva nacional de litio.
La medida no tuvo como respuesta una reacción inmediata del Gobierno, que en cambio anunció que el 1 de octubre inaugurará, con presencia de Morales, un instituto de investigación tecnológica del litio en el mismo departamento de Potosí en cuya jurisdicción está Uyuni.
El viceministro de Altas Tecnologías, Alberto Echazú, calificó la semana pasada como "políticamente motivada" a la posición del Comcipo sobre la política de industrialización puesta en marcha por el Gobierno, basada en empresas mixtas con socios estratégicos extranjeros en las cuales el Estado tiene mayoría accionaria.
Trabajadores de minera en Bolivia declaran huelga de hambre en reclamo de pago de bonos 👇https://t.co/cFvWQCaSg5
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 6, 2019
La resolución cívica demanda abrogar la Ley Minera que fija las regalías para las regiones productoras y el decreto de creación de una empresa mixta entre la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y el grupo alemán ACI Systems, para instalar un complejo que incluirá la fabricación de baterías de ion litio.
El comité potosino resolvió además iniciar "acciones unilaterales" ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en defensa del sistema altiplánico de aguas Silala, dejando de lado un actual pleito entre los gobiernos de La Paz y Santiago.
El documento añadió que, como consecuencia de estas demandas, el Comcipo impulsará un juicio de responsabilidades, contra autoridades que no especifica, "por realizar contratos lesivos al Estado y por traición a la patria".
Exigiendo proyectos de desarrollo regional, el Comcipo realizó en los últimos años varias protestas, incluidas dos huelgas que paralizaron por semanas a la minería y otras actividades productivas.
