Encinas dijo que la recompensa ofrecida es de 1,5 millones de pesos [casi 77.000 dólares] "por cualquier información fidedigna y verificable para encontrar a los jóvenes desaparecidos", y 10 millones de pesos [más de 510.000 dólares] por información sobre Alejandro Tenescalco Mejía, "uno de los principales integrantes del grupo delictivo que operó la noche de los ataques en Iguala [Guerrero, sur], que desde el origen no fue detenido", dijo el principal responsable federal del caso.
López Obrador dijo que esclarecer los ataques de patrullas de policías municipales de Iguala y municipios vecinos contra cinco autobuses, en los cuales viajaba un centenar de alumnos, "es un asunto fundamental para la justicia, el respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento del Estado mexicano".
Aquella noche y madrugada siguiente murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y otras 25 resultaron heridas, algunas con daños permanentes, y 43 alumnos fueron detenidos y entregados al agrupo criminal narcotraficante autodenominado "Guerreros Unidos", pero el desenlace de las desapariciones no fue esclarecido en cinco años.
El gobernante ratificó la voluntad política de su administración para esclarecer la "desaparición forzada", para "conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia".
"Cuando no hay impunidad, el Estado mexicano actúa para conocer los hechos", con la colaboración del Ejército y todas la instituciones, aseguró.
Con la actual administración "no hay ningún obstáculo para contar con investigadores internacionales para ayudar, están las puertas abiertas del país para ayudar a esclarecer este asunto", dijo en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La pista del narcotráfico
Encinas dijo que en el caso se mezclan "la impunidad y la narco-política del viejo régimen".
Acerca de las llamadas entre los perpetradores y narcotraficantes en Guerrero, que eran vigilados por agentes antidrogas en EEUU, informó que se está reconstruyendo la red de mensajes telefónicos.
El papel de "elementos de 'Guerreros Unidos' en EEUU se redefine, participan como testigos protegidos y se replantea el proceso que se les sigue en ese país", reveló.
El grupo científico analizó 80 millones de llamadas, 206.000 de las cuales son de interés, identificó una red primaria de 84.000 comunicaciones prioritarias y 116 números telefónicos en zonas críticas.
Esa reconstrucción permitió "reconstruir minuto a minuto las horas críticas de la operación, con la certeza de cómo se relanzó el operativo, no puedo dar más detalles de esa parte", puntualizó.
Enfatizó que "ningún estudiante, en ningún momento, tuvo contacto o vínculos con el grupo delictivo, no voy a decir más".
Murillo Karam asegura que "no todos los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula (pueblo colindante con Iguala), eso muestra la vulnerabilidad de la tesis de la llamada verdad histórica", reseñó Encinas.
Un comité científico asesor de la Comisión Presidencial, recién creada, realizó diligencias en el terreno en fechas recientes.
Fueron exploradas "más de 200 fosas, con 184 cuerpos, 44 identificados, ninguno de los cuales es de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa", detalló.
Una búsqueda fue realizada esta semana en el basurero municipal de Tepecuacuilco, cerca de Iguala, y fueron revisados "más de 120 puntos de búsqueda; en ninguno de ellos hemos encontrado un dato positivo", abundó.
Por su parte, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, dijo que recuperará las pesquisas de los primeros seis días, realizada por el gobierno del Estado de Guerrero, que fue desechada cuando el caso fue asumido por el entonces procurador federal Murillo Karam.
El titular de la Defensa, general Luis Crescenio Sandoval, ordenó por su parte "la apertura del 27 de Iguala, y puso a disposición todos los elementos del Ejército en las actividades y tareas de búsqueda, con toda la información", reportó.
Algunos testimonios de agentes federales ante la justicia, "no fueron incorporados a la investigación previa, a pesar del vínculo con la delincuencia organizada de mandos del Grupo de Coordinación de Guerrero (federal) en esos días", reveló.
El presidente, el titular de Derechos Humanos y el fiscal especial vestían camisetas alusivas a los 43 desaparecidos.
Encinas anticipó que no hay fecha límite para esclarecer el caso.
