El 24 de septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que se iniciaría un proceso de impeachment contra Trump, acusándolo de haber presionado a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski para que investigara a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente demócrata Joe Biden, con el fin de dañar sus aspiraciones de competir en las comicios de 2020.
No obstante, el juicio político es una herramienta que contempla la Constitución estadounidense y que ha sido aplicada previamente en el país, aunque en ninguna de las veces llegó a destituir al presidente.
El juicio político o impeachment, mecanismo por el cual los presidentes son llamados a rendir cuentas ante los legisladores, son posibles en muchos países con modelos de gobierno presidencialista, y también se han aplicado en Latinoamérica.
Aquí algunos de los casos más resonantes:
En Estados Unidos
El primer impeachment fue el de Andrew Johnson, presidente entre 1865 y 1869 a raíz del asesinato de Abraham Lincoln, de quien había sido vicepresidente.
Johnson, originario de Tennessee, un estado esclavista, permitió que los estados sureños formaran sus propios gobiernos; éstos aprobaron nuevamente los Códigos Negros, que suponían el retorno a la esclavitud, abolida pocos años antes por Lincoln.
En 1867 el Congreso aprobó una norma llamada Tenure of Office Act, que tenía como objetivo restringir el poder del presidente para destituir a funcionarios de altos cargos sin la aprobación del Senado. En concreto, la norma pretendía mantener en el cargo a Edwin Stanton, el ministro de guerra, que garantizaría la igualdad constitucional para los afroamericanos.
Johnson igualmente despidió a Stanton, y marcó el inicio de un proceso de destitución en su contra en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado desestimó el juicio.
El segundo impeachment se realizó más de 100 años después. En 1972 el presidente Richard Nixon (1969-1974) fue sometido a un juicio político por el caso Watergate, pero terminó dimitiendo antes de que llegara a su fin, siendo el único presidente de EEUU que ha renunciado en la historia.
Cuando se supo que se abriría un proceso de juicio político contra Trump, el fiscal especial del caso Watergate, Richard Ben Veniste, dijo que Trump era peor que Nixon porque "no tiene vergüenza". ¿Qué hizo Nixon?
La Cámara de Representantes inició un juicio político, pero Nixon renunció en agosto de ese mismo año, antes de que el proceso concluyera. Gerald Ford, su vicepresidente, lo indultó y quedó libre de procesos judiciales.
El tercer y último impeachment fue el de Bill Clinton, que tampoco llegó a su fin por falta de votos en el Senado. El pecado de Clinton fue haber mentido bajo juramento, y el proceso de destitución fue el capítulo final de escándalo sexual con la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.
Cuando se descubrió el romance, Clinton declaró que nunca tuvo sexo con Lewinsky. Esto sirvió como base para acusarlo de mentir bajo juramento y contribuyó a que se abriera un juicio político por perjurio y obstrucción a la justicia. No obstante, fue absuelto en el Senado.
En Latinoamérica
Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil entre 1990 y 1992, fue el primer presidente latinoamericano en ser sometido a juicio político por causas de corrupción; antes de que terminara el proceso, Collor de Mello renunció en diciembre de 1992.
El Congreso halló que el expresidente estableció un esquema de corrupción para obtener dinero a cambio de favores. En 1991 el presidente de la estatal Petrobras renunció alegando haber sido presionado para realizar tareas irregulares y el propio hermano del mandatario confesó cómo operaba la red de compra de influencias.
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En 1993 el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1989-1993), enfrentó un juicio por malversación de fondos que lo obligó a abandonar el Ejecutivo. Se convirtió así en el único presidente venezolano en ser destituido por una acción judicial.
En 1997, tan solo seis meses después de haber asumido la presidencia de Ecuador, Abdalá Bucaram fue destituido por desvío de fondos públicos y de "incapacidad mental para gobernar".
En el 2000, luego de que salieran a luz varios escándalos durante la gestión de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), el Congreso decidió removerlo por "incapacidad moral".
Fujimori logró evadir la Justicia hasta 2005, cuando fue detenido en Chile de donde fue extraditado en 2007. Dos años después fue condenado a 25 años de prisión por delitos de asesinato, secuestro agravado y lesiones graves. Luego fue condenado a casi ocho años más de prisión por apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado.
En 2012 el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo (2008-2012), fue destituido por ambas cámaras por un mal desempeño en sus funciones, a raíz de la llamada Masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
El proceso de destitución fue calificado de "ruptura del orden democrático" por la mayoría de gobiernos latinoamericanos.
Lugo se negó a renunciar y se mantuvo al frente de la presidencia mientras se desarrolló el proceso. La separación del cargo de Lugo tuvo consecuencias regionales: Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur y Unasur porque se consideró que hubo una ruptura del orden democrático.
Senador paraguayo admite error en destitución de #FernandoLugo en 2012 https://t.co/xVwiwSsIJ0
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 20, 2016
Más cerca en el tiempo está la destitución de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuyo caso sigue siendo de los más polémicos en Latinoamérica.
La mandataria fue electa en 2010 con 56% de los votos y asumió al año siguiente, convirtiéndose en la primera presidenta de Brasil.
Durante su mandato comenzaron a surgir escándalos y denuncias de corrupción. Pero aunque Rousseff no fue acusada en ninguno de esos esquemas, la presidenta fue destituida por el Senado en agosto de 2016, acusada de haber maquillado las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso.
