"Según la datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [Envipe, oficial] de 2019, los delitos cometidos durante 2018 costaron 286.000 millones de pesos [más de 14.600 millones de dólares], que representan el 1,5% del PIB nacional", dice la principal de las conclusiones del estudio.
En promedio, el año pasado "se cometieron cada hora 1.075 asaltos en la calle o en el transporte público y 653 extorsiones", indica la investigación basada en la encuesta elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, estatal).
El costo del primer delito equivale, en promedio, al 7% de los ingresos anuales de un mexicano; y el segundo al 4%.
De ese total, la ciudadanía perdió a consecuencia directa de los asaltos 7.460 pesos por cada víctima [más de 380 dólares], que "equivale a un 61%" de las pérdidas.
Entre los delitos que más afectan y cuestan a la ciudadanía está "el robo en la vía pública, transporte público, y la extorsión".
Cada asalto en la calle costó el equivalente a unos 275 dólares, en promedio, es decir, "el 7% de los ingresos anuales de un mexicano", prosigue el reporte de la investigación
El segundo delito que más afecta a los mexicanos es la extorsión.
En 2018, ese tipo de ataques ocurrió 653 veces cada hora, "delito de alto impacto que cuesta en promedio el 4% de los ingresos anuales de un mexicano, es decir, 2.676 pesos [casi 140 dólares]".
El 86% de las policías municipales y estatales atienden el robo a transeúntes, que es un delito del fuero común.
"Con estos recortes al gasto público [en seguridad local], se reducirán las capacitaciones, el equipamiento y las evaluaciones de control de confianza de las policías municipales", advierte la organización ciudadana.
"Hay una clara ausencia de enfoques desde lo local en las políticas de seguridad pública", concluyen los especialistas.
Esos recortes al presupuesto del año próximo cumplen con la política de "austeridad republicana" instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de mantener el gasto en equilibrio, con superávit fiscal, sin adquirir más deuda pública ni crear nuevos impuestos.
