Una idea ilustrativa que el fiscal expuso a padres y madres de los jóvenes fue que "él tiene dudas de que la desaparición de los estudiantes fuera un crimen de Estado; pero está seguro de que la investigación realizada de mala fe, sí fue un crimen de Estado", dijo Guerrero, quien acompañó a los familiares en la reunión con el funcionario, celebrada en el Palacio Nacional el miércoles pasado.
En la reunión, en la que participó brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea central de Gertz Manero fue que "la fiscalía no puede confiar en las bases de la investigación que dejó la anterior administración; y que se debe reconstruir lo realizado en las primeras horas de las indagatorias".
En la localidad de Iguala, cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos para viajar a una manifestación en la capital fueron atacados a balazos por patrullas de policías municipales, que los secuestraron y los habrían entregado al grupo criminal Guerreros Unidos.
Guerrero, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del centro de análisis Fundar, que integra el equipo de defensa de las familias de los desaparecidos, dijo a esta agencia que "la estrategia de la fiscalía general no trata de tirar a la basura la investigación realizada hasta la fecha, sino convertirla en prueba, con elementos que evidencien una posible actuación de mala fe" de los más altos funcionarios federales anteriores.
Este nuevo enfoque de la fiscalía general autónoma apunta a reconstruir la investigación y determinar la responsabilidad del entonces fiscal Jesús Murillo Karam (2012-2015) y del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, autores de la llamada "verdad histórica", desde el primer momento de la desaparición de los estudiantes.
Las autoridades consideran que la construcción del expediente, desde las primeras horas, "está plagada de irregularidades, la evidencia apunta a que fue una investigación dirigida a obstaculizar el conocimiento de la verdad", enfatizó el jurista, experto en reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en trabajo con víctimas de graves violaciones.
Postura del fiscal especial y el Gobierno
A su turno, el nuevo fiscal especial del caso, Omar Gómez, dijo a las familias que "existió mala fe desde los primeros momentos de la investigación y la interpretación que se hizo".
La nueva comprobación implicaría "comenzar desde los más altos responsables", Murillo Karam y Zerón, para después observar a una serie de responsables de las diligencias mal hechas, dijo el fiscal.
Además, se debe evitar que continúen las liberaciones de imputados por las irregularidades procesales, agregó.
El 14 de septimbre la justicia liberó a 24 inculpados, que llevó la cifra de imputados en libertad a 77 de los 142 detenidos y acusados por el caso.
Al mismo tiempo, recomendó continuar las actividades de búsqueda en el terreno, que se han mantenido en forma permanente, utilizando tecnología de punta, y evitar la liberación de personajes clave del caso.
El especialista en Derecho Internacional Humanitario admite que no es el mejor clima en el que los familiares esperaban llegar al quinto aniversario de los hechos.
"En vez de la verdad, llegamos con un clima tenso, pero dentro de la crispación natural por la incertidumbre y el desencanto por la liberación de imputados, surge cierta expectativa en el horizonte, una estrategia clara para valorar la voluntad del nuevo Gobierno para escalecer el caso", concluyó.
Una próxima reunión se celebrará en los primeros días de diciembre, para revisar los avances de la estrategia expuesta, recibir informes, o conocer los obstáculos, "para poder decidir conjuntamente", anticipó Guerrero.
