Olivia Domínguez lleva, como tantas otras personas en Ciudad de México, dos años viviendo fuera de su casa. El departamento que había comprado en la zona de Benito Juárez deberá ser reconstruido junto a los otros 104 que habitaban sus vecinos del edificio destruído.
Esos apartamentos superan levemente los metros establecidos como límite para la primera etapa de reconstrucción que definió el nuevo Gobierno capitalino, por lo que el financiamiento en su caso no es estatal. Sin embargo, la Fundación Slim, del magnate Carlos Slim, eligió un manojo de casos de Ciudad de México para aportar capital en este proceso, el cual incluyó el edificio de Olivia.
¿Que se ha hecho hasta ahora?
Según datos brindados en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró apenas un 21% de avance en la reparación de los daños causados en todo el país por el sismo del 19 de setiembre de 2017.
"El 2018 fue un año de elecciones y campañas políticas y eso retrasó mucho los procesos. El nuevo Gobierno entró este año, promulgando otra ley de reconstrucción y haciendo un censo de afectados", contó Olivia, que además integra la organización Damnificados Unidos, de afectados en la capital.
El censo reveló que 186.526 viviendas, 19.198 escuelas, 296 centros de salud y 2.340 edificios históricos en todo el país fueron afectados por el sismo, de acuerdo a David Cervantes, responsable nacional del programa de reconstrucción.
"La ley vigente sigue contemplando la re-densificación como una posibilidad, lo deja abierto. El Gobierno brindó cobertura económica a los departamentos de hasta 65 metros cuadrados y al resto, la opción fue buscar 'otras formas de financiamiento'" explicó Olivia. Así fue su caso, cuyo edificio de departamentos de 72 metros cuadrados será reconstruido con financiamiento privado, lo que les permitió evitar la pretensión original de que los afectados contrajeran nuevas deudas para recuperar sus viviendas y locales de trabajo dañados.
El principal problema ha sido el incumplimiento de las empresas inmobiliarias y constructoras que trabajaron en algunos predios, en los que no cumplieron plazos ni estándares de calidad de las viviendas entregadas. Mucho menos se ha tenido transparencia de la ejecución de recursos públicos y privados que fueron donados durante las horas más críticas del desastre.
Damnificados unidos del sismo #19S se manifiesta en la ciudad de México exigiendo que "la reconstrucción no sea negocio para las inmobiliarias" pic.twitter.com/pTfBsB8lrD
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) September 19, 2019
Para Olivia, el caso de los primeros edificios rehabilitados que fueron entregados "fue más un montaje que otra cosa: no había acabados en todos los departamentos, había materiales rotos y no estaban completamente habitables".
"Nosotros pedimos que se hagan auditorías, que lo que se ha dado en licitaciones quede a la vista de todos (...), que se den cuentas claras que no beneficien solamente a las inmobiliarias", aseveró.
"Desde entonces ha sido un estira y afloje, pues hemos tenido situaciones difíciles en las que hemos tenido que apretar un poquito más las tuercas a las autoridades", agregó y remarcó la necesidad de que se agilice el regreso de los desplazados a casa.
Aquel 19 de setiembre de 2017, a las 13:14 de la tarde, un temblor de 8.5 en la escala Richter destrozó buena parte de la zona centro y sur de México y cobró la vida de más de 350 personas. El hecho se registró exactamente el mismo día que en 1985 otro sismo de igual magnitud había destrozado la capital mexicana.