El proyecto fue "aprobado", informó la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, antes de levantar la sesión de la cámara alta.
El 51,7% de los menores del país sudamericano viven en la pobreza, y 10,2% de ellos son indigentes, de acuerdo al último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA).
La situación se agrava en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el 14,5% de los niños y adolescentes reconocieron haber pasado hambre en el último año, según la UCA.
La iniciativa que debate la cámara alta apuesta "a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza".
Por ello habilita al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".
El proyecto autoriza al jefe de gabinete a aumentar cada trimestre los presupuestos en función de la inflación que registre el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" y según varíe la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el proyecto de ley demandará 10.489 millones de pesos (181 millones de dólares) de las arcas públicas.
Desde las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el oficialismo obtuvo 15 puntos porcentuales menos que la oposición, el Gobierno ha impulsado varias medidas para contener la pérdida del poder adquisitivo a raíz de la depreciación de la moneda local y la inflación interanual, que en agosto llegó al 54,5%.
En plena crisis de 2002, el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creaba hasta el 31 de diciembre un programa de emergencia alimentaria a nivel nacional.
El próximo 27 de octubre se celebran elecciones generales en las que Macri aspira a revalidar su mandato.
