En un comunicado, el Supremo informó que "1.600 millones de reales (392 millones de dólares) serán destinados a educación y un 1.000 millones de reales (245 millones de dólares) a la protección del medio ambiente", y de forma más específica, a labores de protección de la selva amazónica.
El acuerdo fue firmado por los responsables de la empresa petrolera estatal, miembros de la Fiscalía y la Abogacía General de la Unión, que representa al Estado.
En las últimas semanas, el juez se reunió con autoridades de los tres poderes y con los gobernadores de los estados de la Amazonía para definir el destino más adecuado para los recursos, aunque de momento no hay más concreciones.
De momento, los 2.600 millones de reales irán directos a la cuenta única del Tesoro Nacional, y los ministerios serán quienes estipulen los "criterios objetivos" para la distribución de estos recursos extra.