"El presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, promulga nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas que deroga la Ley Reservada del Cobre", informó Presidencia de Chile a través de su cuenta de Twitter.
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— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 10 сентября 2019 г.
La nueva ley permite financiar de una manera más transparente y regulada las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas, lo que antes era financiado con los excedentes que dejaba la exportación del cobre estatal.
Piñera sostuvo durante el discurso de promulgación que esta ley "es un paso adelante, adicional, hacia la normalización entre las relaciones entre la sociedad civil y nuestras Fuerzas Armadas".
"Estamos dando este paso para hacer más transparente el financiamiento a las Fuerzas Armadas y para que con el monto propio adecuado para su naturaleza", aclaró.
"Esta ley es el mejor ejemplo que el camino del diálogo, de los acuerdos, de la buena voluntad, de la colaboración es el camino que Chile necesita", afirmó Piñera.
Este nuevo sistema instaura un aporte monetario anual gestionado por el Congreso a través de la ley anual de presupuesto, y además crea nuevos sistemas de fiscalización para el gasto de este dinero, a cargo de varias instituciones civiles como la Contraloría General de la República, el Banco Central y el mismo Congreso Nacional.
Además, se crea un fondo mínimo anual de 500 millones de dólares que permitirá financiar material bélico, infraestructura, gastos de sostenimiento, etc.
Ley reservada del cobre
La antigua Ley Reservada del Cobre, promulgada en 1958 y modificada sustancialmente durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), obligó durante 61 años al Fisco a entregar el 10% de todas las ganancias obtenidas por la exportación de cobre anualmente, el principal producto de exportación de Chile.
Ese secretismo generó el "Milicogate", uno de los casos de corrupción más importantes del último tiempo en Chile.
En 2015 se descubrió que el Ejército desviaba millones de dólares para el patrimonio personal de funcionarios, quienes compraron casas, lujos, caballos, gastaron en fiestas y en casinos, y por el cual varios están siendo procesados judicialmente.
