El juez federal argentino Ariel Lijo "ordenó un peritaje contable clave", anunciaron fuentes judiciales a las que accedió esta agencia.
Por ello ordenó a peritos que dependen de la Corte Suprema, en concreto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que realice un informe contable para determinar si fue abusivo el acuerdo.
Todas las partes del proceso pueden proponer medidas o puntos de pericia, según la resolución del juez, así que la medida puede requerir algún tiempo.
Lijo todavía debe resolver la situación de los imputados, entre ellos los que se encuentra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, por entonces exministro de Comunicaciones.
El pasado 22 de agosto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la continuidad de este expediente penal.
Ese acuerdo suponía "una quita velada de 98,82%" de la deuda, lo que equivalía "a una condonación", según argumentó la fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, en un dictamen previo que era parte del proceso de homologación del convenio.
A través de esa "condonación", el Estado perdonaba al padre del presidente 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).
La denominada Cámara Federal rechazó los recursos presentados por la defensa de los imputados, entre ellos, quien presidía Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y Oscar Aguad, actual ministro de Defensa y exministro de Comunicaciones.
Sus abogados habían pedido archivar la causa por inexistencia de delito y por ende, anular los pedidos de indagatorias, pero el tribunal confirmó la resolución del juez Ariel Lijo, que apostó a su vez por la continuidad de la causa.
"Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley", sostuvo el tribunal.
A cargo del servicio postal oficial, Correo Argentino se declaró en concurso de acreedores en 2001 por una deuda impaga al Estado, cuando por entonces estaba en manos de Sideco Americana, a su vez controlada por Sociedades Macri (Socma), propiedad del hoy fallecido Franco Macri, padre del actual mandatario.
La compañía fue reestatizada en 2003 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), debido en buena parte a la deuda que arrastraba la empresa bajo la gestión de la familia del actual jefe de Estado.