El acto de inauguración del curso judicial se celebró precisamente en el salón de plenos del Tribunal Supremo, el mismo lugar en el que se desarrollaron las sesiones del juicio del procés entre los pasados meses de febrero y junio.
A lo largo de la ceremonia, presidida por el rey Felipe VI, diversos representantes del Poder Judicial pronunciaron discursos centrados en subrayar que el respeto a las leyes es condición necesaria para el desarrollo de la democracia.
"Creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", dijo la Fiscal General del Estado, María José Segarra.
Estas palabras aluden directamente a las declaraciones del actual presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, Quim Torra, que el 5 de septiembre manifestó su intención de "no aceptar" una sentencia condenatoria.
Entre las personas enjuiciadas destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.
Aunque por el momento no hay ninguna fecha oficial, está previsto que el Tribunal Supremo emita la sentencia en la primera quincena de octubre.
En caso de emitir la sentencia los primeros quince días del mes, el alto tribunal evitará que los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —encarcelados desde el 16 de octubre de 2016— cumplan dos años en prisión preventiva, el tiempo máximo que un acusado suele pasar en la cárcel en España antes de la resolución de su caso.
En caso de ser encontrado culpable, Quim Torra podría ser castigado con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que la causa pone en riesgo su actual posición de presidente de la Generalitat de Cataluña.
Más allá de Cataluña
El curso judicial arranca con las decisiones sobre Cataluña marcadas en rojo en el calendario, pero en los próximos meses la administración de justicia también tendrá que pronunciarse con otros asuntos de gran relevancia para la política española, como la exhumación del dictador Francisco Franco.
En el marco de ese proceso, el Gobierno fijó el 10 de junio como fecha para proceder a la exhumación, pero estos trabajos fueron suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo tras admitir a trámite un recurso de los familiares de Franco contra el traslado.
Dicho recurso afirma que la decisión de exhumar a Franco es "radicalmente inconstitucional" y, entre otras cosas, afirma que el traslado del cuerpo vulnera los derechos de la familia o que las obras necesarias para mover los restos mortales incumplen leyes urbanísticas.
Por el momento se desconoce en qué fecha tiene previsto pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el fondo de la cuestión, lo que abre la posibilidad de que España acuda a una repetición electoral antes de tener una decisión al respecto, lo que sobre el papel hace posible la llegada de un nuevo Ejecutivo contrario a la exhumación antes de que esta llegue producirse.
Además de estas cuestiones, el calendario judicial español también está pendiente del desarrollo de múltiples casos de corrupción (Lezo, Púnica, Gürtel…) en torno al Partido Popular o del caso de los ERE, en el que dos expresidentes del PSOE se enfrentan a penas de entre seis y diez años de cárcel.
En la inauguración del curso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, destacó la importancia de la lucha contra la corrupción porque este tipo de delincuencia es "especialmente grave" ya que "mina la confianza de la sociedad en las instituciones".
Parálisis política
El acto de inauguración del curso judicial, además de constatar la importancia de la inminente sentencia del procés, fue un recordatorio de que España afronta esa situación con un Gobierno en funciones.
"Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y si se prolonga puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces", lamentó Lesmes, que aprovechó la ocasión para instar a "todos los poderes públicos" a cumplir con su "obligación" de "preservar las instituciones".
