"El marco normativo de esta Cicies es la Carta de la OEA, un instrumento jurídico que El Salvador tiene internalizado en su cuerpo legal, y le da potestad para firmar con la Secretaría General de la OEA acuerdos de cooperación en todo lo que corresponda a democracia, desarrollo seguridad y derechos humanos", señaló el uruguayo Luis A. Porto, jefe de una misión técnica del mecanismo continental para El Salvador.
"Eso demuestra una vocación de El Salvador desde el punto de vista de la integración al hemisferio y el respeto a los marcos que nos gobiernan a todos", aseguró el vicecanciller de Uruguay de 2013 a 2015.
Porto destacó que la prioridad a mediano y largo plazo es fortalecer a las instituciones para eliminar a "la bacteria que es la corrupción", y aseguró que su misión trabajará con el Ejecutivo y los diferentes poderes del Estado para desarrollar convenios.
La OEA precisó en una nota publicada en su web oficial que la Cicies comienza a operar de inmediato y profundizará las actividades de investigación conforme la legislación de El Salvador, con "carácter efectivo, autónomo, independiente, neutral y transparente".
"El propósito de la Cicies es apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo delitos relativos a la hacienda pública, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de capitales, y la delincuencia organizada nacional y transnacional, en términos no limitativos", señala el texto.
La iniciativa fue criticada, principalmente por los partidos de oposición, por la falta de transparencia en su negociación y en las potestades y alcance que tendría el referido mecanismo, para lo cual demandaban su análisis y aprobación por la Asamblea Legislativa (Parlamento).
