"Vergüenza que insistan en perseguir penalmente a una mujer, sin pruebas de que cometió delito. ¿A quién responde el fiscal general Raúl Melara? ¿A su grupo de amigos ultra conservadores y "opus dei"? La FGR es una institución de Derecho", denunció la abogada Bertha María de León en su cuenta de Twitter.
Vergüenza que insistan en perseguir penalmente a una mujer, sin pruebas de que cometió delito. A quien responde el fiscal general @MelaraRaul ? A su grupi de amigos ultra conservadores y “opus dei”? La @FGR_SV es una institución de Derecho. Nefasto actuar ! 🤦🏽♀️ https://t.co/4YH5Bp63S5
— Bertha María Deleón (@berthamariaD) September 6, 2019
Más temprano el Ministerio Público presentó un recurso de apelación al fallo absolutorio emitido en el caso de Hernández, para que un tribunal superior examine la prueba "sobreabundante y unívoca" acerca de la responsabilidad penal de imputada.
"Nueve meses tiene Melara en el cargo de Fiscal General. Díganme a cuántos corruptos ha procesado (…) En la lucha anticorrupción hay un claro retroceso. Y se ensaña contra mujeres en condición de pobreza", señaló la también defensora de casos similares en este país, uno de los pocos en el mundo donde el aborto está completamente prohibido.
La consultora política Nayda Acevedo coincidió en esperar posturas tan contundentes en otros casos que sientan precedentes en este país, por ejemplo, aquellos vinculados con corrupción y narcotráfico, entre otros.
La Fiscalía insiste en la culpabilidad de Hernández, e incluso publicó en su cuenta oficial de Twitter la etiqueta #JusticiaParaElBebéDeEvelyn, lo cual ha sido criticado por comunicadores de esta nación centroamericana.
"La FGR ha montado una campaña en redes contra Evelyn. Me asusta, es grave. Así persiguieran a los que sí son criminales, desfalcadores, violadores, pederastas. Es crueldad, mezquindad, es criminalizar a una mujer", lamentó la periodista y asesora política Tania Escobar.
La parte acusadora alega que el peritaje médico indica que la imputada tuvo un proceso de parto complicado, que duró de 8 a 14 horas, y durante el cual presuntamente omitió solicitar asistencia médica para socorrer al bebé.
La Fiscalía desmiente además que Hernández fuera violada, pues según un estudio social el novio sabía del embarazo e incluso ofreció reconocer la paternidad, pero ella supuestamente lo rechazó.
La parte fiscal pedía 40 años de prisión para Hernández, una pena considerada desmedida aún para esta nación centroamericana, donde rige una prohibición absoluta del aborto, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
Su defensa presentó recursos de apelación y casación, y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló en diciembre de 2018 el fallo condenatorio en base a "falta de argumentación e infracción a las reglas de la sana crítica", resolviendo la realización de un nuevo juicio, celebrado finalmente el pasado 19 de agosto, en Ciudad Delgado.
El Ministerio de Salud de El Salvador reportó en 2017 un promedio de 55 embarazos diarios en adolescentes de entre 10 a 19 años, que resultaron en 22.241 partos.
