Presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Metelus relató cómo el compromiso asumido por el Gobierno mexicano con EEUU de frenar el flujo migratorio en su frontera con Guatemala empeoró las condiciones de vida de las personas en tránsito.
La medida busca impedir que más inmigrantes lleguen a territorio norteamericano, pero el resultado es otro. Ellos siguen moviéndose por el continente, solo que de manera más insegura y clandestina.
En una serie de redadas el pasado 20 de agosto en Tapachula, la principal ciudad fronteriza del sur de México, agentes de la Guardia Nacional portando armas largas, acompañados por la Marina Armada y el Instituto Nacional de Migración, detuvieron a todos los extranjeros que encontraron en lugares públicos de la ciudad.
El episodio provocó una protesta en las puertas de la cárcel migratoria local, protagonizada por haitianos y africanos que reclamaron libertad para los detenidos. Reprimidos, los migrantes de Haití y África se han movilizado para continuar en tránsito por México, lo que ha revelado una cara discriminatoria de las autoridades mexicanas, según Metelus.
Haitianos y africanos ¿todavía más discriminados?
"Al principio del año hubo diálogo y quienes llegaron a Tapachula pudieron solicitar refugio en la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado (Comar), pero ya llevan casi siete meses esperando respuesta por parte de las autoridades", contó Metelus.
"Se ve un cambio total por parte de las autoridades después del acuerdo del Gobierno mexicano con Estados Unidos", reforzó.
Este acuerdo se negoció públicamente como una manera de evitar aranceles que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazaba con aplicar a todas las importaciones mexicanas, aunque esto no implicaba un daño real a la economía mexicana. Es que el 80% del comercio entre ambos países es intra-firma, es decir, de compañías estadounidenses que producen en México para abastecer al mercado norteamericano. En ese sentido, serían sus propios consumidores los afectados por estos aranceles, que finalmente no se concretaron.
Sin embargo, el hostigamiento hacia la población migrante se convirtió en una activa política en México, que destinó a la Guardia Nacional -el más reciente cuerpo militarizado del país- a "contener" el flujo migratorio. Esta fuerte presencia de agentes armados no ha disminuido los crímenes y violaciones graves sufridas por quienes están en tránsito por el país.
"Como no están recibiendo apoyo de las autoridades, se están manifestando para exigirles el permiso para continuar (que coloquialmente en México se llama salvoconducto) y porque están viviendo una situación muy vulnerable, sin apoyo de alimentación ni acceso a la atención en salud", remarcó Metelus.
Además, "reciben insultos por parte de funcionarios", denunció el presidente del comité especializado.
Una evidencia de la negligencia fue la muerte de Maxene Andre, haitiano de 34 años que falleció recluido en la Estación Migratoria de Tapachula (Chiapas) el 6 de agosto de 2019. A pesar de haber solicitado atención médica en múltiples ocasiones, el joven no la recibió en tiempo.
Durante las protestas, han circulado videos ofensivos en los que puede verse a policías mexicanos insultando a los migrantes, además de la grave declaración de Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de protección a niños, niñas y adolescentes, que se refirió a ellos como "caníbales".
"Hay discriminación hacia los haitianos y africanos de parte de las autoridades y dentro del Instituto de Migración", insistió Metelus. "Según testimonios de algunos migrantes, sabemos que las autoridades les han dicho que son negros y que tienen que regresar a sus países de origen", agregó.
"Es una política de persecución hacia los migrantes adoptada por este Gobierno, pese a que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre ha criticado a los anteriores. Esta es la primera vez que México tiene una política tan agresiva, que está afectando muchísimo su imagen internacional", concluyó el sociólogo.
