"Siguiendo la pista de auditorías federales encontramos un mecanismo de triangulación para malversar fondos con 'empresas fantasmas', subcontratadas por un grupo de ocho universidades públicas estatales —que luego aumentó a doce—, firmantes de 73 convenios con 11 dependencias federales", resumió la integrante de la unidad de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La punta de la madeja que siguieron los investigadores fueron informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A partir de reportes de esta entidad que responde al Congreso, correspondientes a los años 2013 y 2014, MCCI detectó un 'modus operandi' que se repetía en casi una docena de entidades del Gobierno federal, sumando contratos por 7.760 millones de pesos (unos 400 millones de dólares).
La investigación, realizada en conjunto por MCCI y el portal de noticias Animal Político, fue publicada el 4 de septiembre de 2017 y llevada ante los tribunales por el organismo ciudadano en septiembre de 2018.
Asimismo, fue galardonada con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018.
"Comenzamos las investigaciones con base en el análisis de las auditorías federales de 2013 y 2014, que nos llevaron, en una primera fase, a detectar a las 'empresas fantasmas' detectadas por la ASF, un patrón sistemático que se repetía año con año", relató Castillo.
Las empresas no solo eran inexistentes, registradas en domicilios de zonas marginales o rurales, sino que algunas se repetían y no ofrecieron los productos contratados por las universidades que obtenían fondos públicos federales.
Pesquisas en dos fases
Las pistas en los reportes de la ASF fueron seguidas en dos tiempos.
"En la primera fase de la investigación, sobre la cuenta pública de 2013 y 2014, encontramos que la auditoría supervisaba a varias carteras del Gobierno, incluso Petróleos Mexicanos (Pemex)", explicó la investigadora.
"Por falta de recursos humanos, la unidad de investigación de MCCI se concentró en Desarrollo Social, pero no quiere decir que sea la única", subrayó Castillo.
Una vez alcanzada la primera fase en la investigación, MCCI y Animal Político pasaron a la segunda, concentrada en el caso que ha llegado a los tribunales, convirtiendo a Robles en la primera integrante del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en ir a la cárcel.
La nueva Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, que ahora goza de autonomía por una reforma constitucional, puede tener acceso a los reportes completos de la ASF presentados al Congreso, pero solo se ha concentrado en la mencionada denuncia ciudadana, centrada en la cartera de Robles.
La demanda penal fue presentada en septiembre de 2018 por MCCI y Tojil, un despacho de abogados que ofrece asesoría jurídica y defensa penal, enfocada en la defensa de los derechos humanos.
Destacan también las carteras de Economía y la de Comunicaciones y Transportes, con otros 2,6 millones de dólares cada una, con gasto público asignado a la lista de universidades estatales presuntamente estafadoras, hasta ahora intocadas.
El caso concierne a unos 256 millones de dólares del presupuesto federal, presuntamente malversados por las dos dependencias que encabezó Robles en el sexenio pasado: Desarrollo Social y Desarrollo Agrario y Urbano.
"Hay otras diez dependencias que podrían ser investigadas, aplicando la misma metodología, para descubrir 'empresas fantasmas' y utilizando el mismo proceso judicial, todos llevan al presidente Enrique Peña Nieto", puntualizó Castillo.
Si la fiscalía general y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno lo deciden, pueden seguir la pista el dinero que tienen en la mina de información de la ASF, que conducen al antecesor del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera Robles se convirtió en la primera secretaria de Estado encarcelada en 30 años, desde que fue a prisión Eduardo Pesqueira, quien formó parte del gabinete presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988).
La defensa argumentó que la imputada habló del tema con Peña Nieto por el 'teléfono rojo' del Gobierno, que tomó medidas administrativas e incluyó los reportes de la ASF en su "entrega-recepción" del cargo a José Antonio Mead, antes de que él se convirtiera en candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).
