La restricción se extiende al Departamento de Defensa, la NASA y la Administración de Servicios Generales (GSA) y alega "fines de seguridad pública, seguridad de instalaciones gubernamentales, vigilancia de seguridad física de infraestructuras críticas y otros fines de seguridad nacional".
En todos los demás casos, la exención solo podrá ser otorgada por el director de Inteligencia Nacional.
Estados Unidos acusa a Huawei de colaboración con el ejército y los servicios de inteligencia de China y usar sus equipos para vigilancia ilegal.
Washington también procura disuadir a otros países del uso de equipos e infraestructuras de Huawei para la nueva generación de redes 5G.
A mediados de mayo pasado, el Departamento de Comercio de EEUU incluyó a la compañía Huawei y sus filiales en una lista negra por amenazar supuestamente la seguridad nacional, lo que le cierra el acceso a la compra de piezas y tecnologías de fabricantes estadounidenses.
Varias empresas tecnológicas de EEUU, entre ellas Intel, Qualcomm y Google, anunciaron la suspensión de suministros a Huawei.
El Departamento de Comercio estadounidense emitió más tarde una licencia general, efectiva hasta el 19 de agosto, que retrasa la prohibición de hacer negocios con Huawei.
Por su parte, el gigante de telecomunicaciones chino presentó a finales de mayo una moción de juicio sumario en EEUU, alegando que las sanciones son inconstitucionales. La audiencia, programada para el 19 de septiembre, busca acelerar el pleito que Huawei interpuso contra el Gobierno estadounidense en marzo pasado.
