En una nota dirigida al Supremo, Moro afirma: "Aclaro que este ministro no registró ninguna determinación u orientación a la Policía Federal para la destrucción del material o sobre su destino".
La polémica surgió a raíz de que un juez del Tribunal Superior de Justicia, João Otávio de Noronha, dijera que Moro le había dicho que el material obtenido a través de la invasión de celulares de autoridades sería eliminado para no comprometer la intimidad de nadie.
La posible destrucción de esas pruebas, que a pesar de haberse obtenido de forma ilegal, serían bastante relevantes, provocó un fuerte malestar en la oposición, que recurrió al Tribunal Supremo Federal para que prohibiese a Moro actual de tal forma; la corte así lo hizo y además pidió explicaciones al ministro.
Buena parte de las conversaciones está protagonizada por el propio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato, que en los últimos años fue responsable de destapar la gran mayoría de escándalos de corrupción en Brasil.
En los diálogos se evidencia que hubo colaboración entre el entonces juez y los fiscales para crear las condiciones óptimas para poder encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), entre otras irregularidades.
