La rápida respuesta del Gobierno "muestra la gran importancia que el oficialismo asigna en la actual campaña electoral a la defensa de su gestión económica, con estabilidad, crecimiento y reducción de la pobreza", afirmó el sociólogo del instituto privado Comunidad Cívica de la ciudad de El Alto.
Añadió que, al mismo tiempo, "queda en evidencia que la oposición apunta en la campaña a descalificar lo que el Gobierno considera uno de sus principales logros: el manejo de la economía y las perspectivas de industrialización y crecimiento".
Guardia hizo el comentario al referirse a la polémica generada el 31 de julio por una investigación que presentó la organización no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), según la cual 61 de cada 100 bolivianos estarían viviendo en situación de pobreza multidimensional.
En la noche del mismo 31 de julio el director de indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, respondió que "el Índice de Pobreza Multidimensional, que fue elaborado por el CEDLA, adolece de fuertes diferencias respecto a la metodología internacionalmente aceptada".
Por el contrario, explicó, el INE sigue una metodología de la Organización de las Naciones Unidas y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford de la que resultan índices actuales de 20,4% de pobreza multidimensional moderada y 7,1% de pobreza multidimensional severa.
Paralelamente, y también en concordancia con la metodología de organismos internacionales, el INE elabora los índices de pobreza tradicionales, que utiliza públicamente el Gobierno y están basados en el ingreso de las personas.
Esos índices eran en 2018 de 15% de pobreza extrema y 36,4% de pobreza moderada, con notoria reducción desde el 39 y 60%, respectivamente, de 2005.
El analista afirmó que "el Gobierno no admitirá contradicciones a estas cifras y tiene para ello el respaldo de organismos internacionales", apuntando que, por el contrario, "el principal candidato opositor, Carlos Mesa, no ha dudado en asignarle plena validez al informe del CEDLA".
"Confirmamos la validez de la certificación de reservas, efectuada al 31 de diciembre de 2017, que estima que Bolivia tenía, a esa fecha, 10.7 Tcf (billones de pies cúbicos) de reservas probadas totales, 12.5 Tcf de reservas probadas más probables y 14.7 Tcf de reservas probadas más probables más posibles de gas"", dijo en un comunicado la firma Sproule que hizo esa certificación.
Ortiz había acusado a Sproule y al Gobierno de haber manipulado las cifras e indicó que las reservas de gas a diciembre de 2017 eran en realidad de 5,6 tcf y no permitirían a Bolivia cumplir sus compromisos de exportación a Argentina y Brasil.
"Consideramos que la acción del senador Ortiz está causando un daño irreparable a la reputación y el prestigio de nuestra empresa, por lo tanto, nos reservamos el derecho a emprender cualquier acción legal correspondiente", dijo Sproule.
Destacó que, tras acumular 65 años de experiencia en la certificación de las reservas gasíferas, utilizó en Bolivia procedimientos estándar certificados por la industria petrolera mundial.
El analista Guardia advirtió que el Gobierno de Morales debería estar preparado para responder a una eventual campaña de desacreditación de sus logros económicos, incluido el crecimiento promedio de al menos 5% anual desde 2006.
