Según una sentencia del Tribunal Constitucional, la decisión del Parlamento de Cataluña fue adoptada "fuera del ámbito de sus propias atribuciones (…) que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios".
En concreto, la justicia española declara nulos dos puntos de la resolución, adoptada como una muestra de rechazo y condena al posicionamiento del monarca español durante la crisis del 1 de octubre de 2017, cuando justificó la actuación policial contra el referéndum unilateral.
En el segundo punto la resolución manifiesta el "compromiso" de la cámara "con los valores republicanos" y reafirma su "apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
Según la decisión del Tribunal Constitucional, estas expresiones por parte de un parlamento autonómico no se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión para adoptar posicionamientos políticos, sino que, al adoptarse a través de una institución pública, suponen una expresión de la voluntad del Estado que trasciende las funciones de la cámara.
En consecuencia, la reprobación hacia el rey resulta "contraria al estatus constitucional del monarca".
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, manifestó su rechazo a la decisión de la justicia española.
"La mayoría del Parlamento afirma que la monarquía es una institución caduca y rechaza el discurso del rey, y eso no desaparecerá por más resoluciones que lo anulen", escribió Torrent en Twitter tras conocerse la decisión del Constitucional.
La majoria del Parlament afirma que la monarquia és una institució caduca i rebutja el discurs del rei del 3 d'octubre. I això no desapareixerà per més resolucions que anul·li el TC. Intentar abordar qüestions de naturalesa política des dels tribunals sempre és un error. https://t.co/D0maSor0cg
— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) July 17, 2019
Del mismo modo, la decisión fue criticada por sectores de la izquierda española.
Por ejemplo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida —uno de los pilares de la coalición Unidas Podemos— calificó la decisión como "una barbaridad” porque, a su entender, el Tribunal Constitucional limita la capacidad de los parlamentos españoles para dar su opinión sobre la monarquía.
