"Nosotros garantizamos todo el proceso legal que será seguido en nuestras cortes, su salud está siendo cuidada y es una condición fundamental del acuerdo que nosotros llegamos de que no permitiríamos que sea extraditado a ningún lado donde podría enfrentarse a la pena capital, esa garantía permanece sólidamente en pie", dijo el funcionario británico en una conferencia de prensa conjunta con el canciller José Valencia en Quito.
El australiano fue arrestado por la policía británica el 11 de abril cuando Ecuador puso fin a su asilo en la embajada del país sudamericano en Londres, donde se había refugiado.
Ahora el fundador de WikiLeaks espera el juicio de extradición a EEUU, previsto para febrero de 2020.
La semana pasada, el diario español El País publicó un reporte de que una empresa de ese país europeo espió a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y realizaba informes diarios detallados sobre las actividades del ciberactivista.
La vigilancia a Assange se producía durante "las 24 horas del día" a través de varias cámaras y micrófonos que monitorearon su actividad, al menos, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.
De acuerdo con la información publicada por El País, la vigilancia a Assange "se intensificó" tras la llegada al gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno.
Tras su detención, las autoridades británicas informaron que también lo arrestaron por un pedido de extradición emitido por EEUU, que lo acusa de conspiración para robar documentos clasificados entre 18 cargos que sumarían más de 170 años en la cárcel.
