"El señor Andrés Felipe Arias llegó a Colombia cerca de las 8:20 de la mañana del día de hoy [13:20 GMT]", indicó la estatal Migración Colombia en un breve comunicado difundido a la prensa a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp.
Arias fue ministro de Agricultura entre 2005 y 2009, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).
Migración Colombia precisó que "tras realizarse el procedimiento de control migratorio y la verificación correspondiente, el exministro Andrés Felipe Arias quedó a disposición de las autoridades correspondientes".
Diferentes medios de comunicación locales indican, con base en fuentes que no revelan, que Arias —quien se preveía sería extraditado la próxima semana— ha sido protegido ante la prensa por parte del Gobierno, por lo que se le ha dado "un trato más político" a su extradición y sería recluido, por ahora, en un cantón militar.
De acuerdo con esa alta instancia, existía interés político para que dichos subsidios fueran entregados a familias adineradas con el fin de que financiaran posteriormente las aspiraciones de Arias a la Presidencia de la República, por lo cual fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos y obligado a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares).
Antes de que se conociera el fallo de la Corte, Arias se refugió en Miami desde junio de 2014, luego de que salió de Colombia tras pasar un tiempo en prisión y de que argumentara falta de garantías al ser sentenciado por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
El alto tribunal lo pidió en extradición desde el 27 de agosto de 2014 y la Embajada de Colombia en Washington presentó oficialmente el 21 de noviembre de ese año la petición, por lo que Arias permanecía detenido en una cárcel de Florida.
El partido oficialista Centro Democrático (CD, derecha), que lidera el expresidente Uribe, sostiene que la extradición de Arias hace parte de una persecución política que desarrolló el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) contra antiguos funcionarios de Uribe.