"Como partido político les decimos que vamos a tomar acciones a nivel internacional. Vamos a comunicarnos con diferentes representantes de parlamentos en América Latina y en el mundo, con organismos como la OEA (Organización de los Estados Americanos), con presidentes", dijo el secretario general del partido, Luis Galarreta, en una conferencia de prensa en el Congreso.
Galarreta calificó de "parcializado" el trato de la justicia hacia Fujimori, pues no ha podido decidirse hasta ahora el pedido anulación de la medida de prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra.
El dirigente afirmó que "en ninguna democracia del mundo" se permite un "atropello" de tal naturaleza.
Pero apenas comenzada la audiencia, el magistrado Jorge Castañeda anunció que se retiraba el cuerpo de cinco jueces.
Un día antes, el medio IDL— Reporteros publicó audios comprometedores en los que aparecía Castañeda vinculado a la red delictiva conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esta mafia, desarticulada en 2018, estaba compuesta por jueces, fiscales, políticos y empresarios, operaba desde el sistema judicial peruano y estaba dedicada a delitos como tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
La fiscalía sostiene que el grupo Los Cuellos Blancos del Puerto tiene nexos con miembros de Fuerza Popular, incluyendo a la propia Keiko Fujimori.
Castañeda se retiró del caso para evitar denuncias de parcialidad, retrasando a su vez la decisión sobre el pedido de que se revoque la prisión preventiva de Fujimori.
El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que la difusión de los audios que llevaron a la inhibición del juez Castañeda no tenía ningún propósito práctico y solo buscaba "amenazar a los operadores de justicia" en el proceso de Fujimori.
Fuerza Popular anunció que acudirá a instancias internacionales también por considerar que el presidente, Martín Vizcarra, está "influyendo" en la justicia y tiene intereses en que la líder opositora permanezca en prisión.
La fiscalía acusa a Fujimori de haber recibido dinero ilícito de la empresa constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011 y de haber orquestado un plan para ocultar esos pagos, lo que configuraría el delito de lavado de activos.
