"Para llevarle el gas de EEUU a 14 plantas de la CFE es el contrato de esos siete gasoductos (…), y las plantas no existen, ¿qué les parece?", dijo a periodistas el titular de la compañía eléctrica estatal.
"Los gasoductos que van a 14 plantas que no existen son un pequeño detalle de la coherencia de esta operación", enfatizó Bartlett para cuestionar esas obras construidas en el Gobierno anterior (2012-2018).
La CFE quiere la devolución de alrededor de 3.000 millones de dólares pagados por infraestructura que no estaba terminada, debido a las llamadas "cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito".
Esas cláusulas contractuales obligan al Gobierno de México a pagar una multa cuando se demuestre que los proyectos fueron detenidos por conflictos sociales, ambientales o políticos, y fueron aplicadas antes de la actual administración de López Obrador, que quiere renegociar los contratos.
Las empresas que aceptaron negociar con las autoridades federales son IEnova, filial nacional de Sempra Energy, con sede en California (EEUU), y TC Energy, con sede en Calgary (Canadá).
También negocian las mexicanas Fermaca, en la que el fondo suizo Partners Group tiene la mayoría accionaria, y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, el mayor magnate mexicano.
"Si esos contratos no se renegocian, respetando el derecho que tienen ellos (los contratistas) para sentarse y negociar, la CFE no puede soportar esa carga; lo ha dicho el presidente, son cerca de 80.000 millones de dólares (...) y la electricidad con este gas es carísimo, sube", aseguró Bartlett.
López Obrador dijo el miércoles que "no puedo decir que no hay acuerdo si no pagan (devuelven) 3.000 millones de dólares, porque no lo sabemos, puede ser hasta que sea más o es menos, para eso es la mesa de diálogo, para cotejar precios".
El embajador de Canadá, Pierre Alarie, expresó días atrás que "México no desea respetar los contratos de gasoductos".
El suministro de gas procede en gran medida de Texas, porque México es deficitario en ese energético y depende de esas importaciones.
