El documento advierte que la elección del Fiscal "debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia... sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada".
La nueva norma deja sin efecto una previa, firmada en 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien tras atender el llamado de algunas organizaciones no gubernamentales expidió un decreto que ordenaba llamar a una convocatoria pública para la elección de Fiscal General de la Nación.
Con la nueva norma, el Gobierno omite los pasos establecidos en el fallo de 2016, que también imponía procedimientos exigidos por organizaciones no gubernamentales y que estaban orientados a hacer mas transparente la elección del Fiscal General, entre ellas que los candidatos debían inscribirse a través de una convocatoria pública.