"Desde hace 20 años Venezuela es blanco de una agresión multiforme por parte de EEUU", dijo Castillo al acusar a Washington de usar métodos como golpes de Estado, intentos de magnicidio, sabotajes a la industria petrolera y servicios públicos, así como el bloqueo económico para derrocar el Gobierno del país.
El vicecanciller denunció que a causa del bloqueo estadounidense los buques petroleros y las empresas que tienen negocios con Venezuela son castigados y, además, el país no puede refinanciar su deuda.
El diplomático indicó que el Gobierno Bolivariano ayuda a seis millones de familias a través de los los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y mantiene pensionado al 100% de la población en edad de recibirla.
Asimismo alabó que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reconociera en el informe publicado el jueves que las sanciones "agravan la situación económica y lesionan los derechos humanos".
Al mismo tiempo Castillo criticó el documento al señalar que "es incomprensible el contenido de dicho informe dominado por una visión selectiva y parcializada, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos".
En concreto, denunció que el documento "ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado, y solo toma en cuenta a voceros de la oposición" y no menciona los avances significativos que ha hecho Venezuela en el ámbito de los derechos humanos.
Michelle @mbachelet en Venezuela: detalles de una visita que ha sido lo que tenía que ser #SputnikExplica👨🏫 https://t.co/jDbNrE2KLb
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 24 июня 2019 г.
El diplomático aseveró que "las 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela".
Además, rechazó la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusados de vulnerar los derechos humanos.
También solicitó a Bachelet que exija el cese inmediato del bloqueo de Venezuela.
Michelle Bachelet publicó el 4 de julio un informe de 18 páginas sobre Venezuela en el que expone presuntas violaciones al derecho a la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como violaciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros.
