"El Gobierno colombiano había manifestado ya en varias oportunidades su preocupación por el manejo al menos poco claro de los recursos por parte de (los emisarios Rossana) Barrera y (Kevin) Rojas con este tema (…), eso se lo hicimos saber a las autoridades venezolanas del presidente Guaidó desde hace unos dos meses, así que el tema no es nuevo", dijo la fuente gubernamental colombiana, que pidió reserva de su nombre.
Ambos funcionarios fueron designados por Guaidó el 24 de febrero para la atención de "la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio", según una misiva firmada por el propio líder opositor.
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Sin embargo, se apropiaron de recursos cuya cuantía aún no está precisada.
"La investigación de lo que ha ocurrido la tiene que hacer el Gobierno interino de Guaidó, porque ellos saben cuánta plata le dieron a Barrera y a Rojas y ellos deben rendir las cuentas de en qué se la gastaron", indicó la fuente colombiana a Sputnik.
Barrera y Rojas reportaban a Caracas el pago de siete hoteles en la ciudad de Cúcuta (nordeste, fronteriza con Venezuela) en los que supuestamente se alojaban decenas de militares desertores y sus familias, pero en realidad a Caracas solo le correspondía el pago de dos hoteles, según el artículo del PanAm Post.
"En lo particular no sé cuánta plata se les destinó a Barrera y a Rojas para que la manejaran, lo que sí es cierto es que hoy mantienen una deuda en los hoteles que asciende a unos 100 millones de pesos (30.800 dólares)", indicó la fuente consultada por esta agencia.
Luego de que un grupo de exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela ingresaron a Colombia el 23 de febrero y solicitaron refugio, el Gobierno colombiano pidió apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para su hospedaje y alimentación por varios días, según la fuente.
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Sin embargo, la cantidad de desertores desbordó las previsiones y el propio Gobierno de Iván Duque también debió asumir la atención de varios de ellos, mientras que la “administración” de Guaidó se encargó de otra pequeña cantidad, añadió.
El informe del PanAm Post, citando fuentes de inteligencia colombianas, sostuvo que Barrera y Rojas habrían inflado la cifra de exsoldados y expolicías que desertaron de 700 a más de 1.450 con el propósito de obtener más recursos.
La fuente consultada el lunes por Sputnik señaló que "en realidad son 1.400 los exmiembros de fuerzas de seguridad de Venezuela" que se cuentan como desertores y que, junto con sus familiares, "suman unos 2.100".
Estas personas se encuentran en varias regiones de Colombia, entre ellas Arauca (nordeste), Medellín (noroeste) y Bogotá.
"El artículo (de PanAm Post) indica que ellos (Barrera y Rojas) reportaban a Caracas sobre la base de 700 militares, eso yo no lo sé, lo que sí es claro es que ellos manejaban una cantidad mucho más pequeña que eso, entre 150 y 180", subrayó la fuente del Gobierno colombiano.
"Tuvimos que llamar a Barrera mas de una vez y decirle: 'Rossana, por favor, tienen que pagar los hoteles, Acnur y nosotros no podemos asumirlo porque no tenemos más dinero y porque estamos manteniendo a los otros" exmilitares, relató la fuente.
El embajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, estaba al tanto de estos hechos y su respuesta fue "que estaban revisando ese proceso", agregó.
El Acnur mantuvo sus aportes hasta el pasado 15 de mayo.
Desde entonces el Gobierno de Colombia asumió la atención total de los exmiembros de las fuerzas armadas venezolanas y de sus familias que permanecen en este país, incluidos los que estaban a cargo de los emisarios de Guaidó, indicó la fuente a Sputnik.
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"Desde el pasado 15 de mayo la señora Barrera y el señor Rojas salieron de administrar lo relacionado con los exmilitares y eso lo asumió el Gobierno colombiano; ninguno de los dos fue reemplazado en esa designación porque lo que hicieron lo hicieron mal, así que no tenía caso reemplazarlos porque además de todo Colombia se puso al frente de la situación", precisó la fuente.
"La situación actual es que todos los exmilitares venezolanos que permanecen en Colombia están en hoteles, protegidos, alimentados y cuidados, y esta semana se prevé empezarles a entregar subsidios para que puedan sostenerse (…), ellos ya también tienen un PEP (Permiso Especial de Permanencia) con el cual podrán empezar a trabajar", agregó la fuente del Gobierno colombiano.
Por último la fuente consideró que "más allá de los recursos que hubieran podido desviar", lo más grave de la conducta de Barrera y Rojas fue el "gasto que ambos les causaron al presidente Guaidó y al Gobierno de Colombia" y el quiebre de "la confianza que se les tenía" como emisarios en medio de un "proceso de cambio para Venezuela".
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El 23 de febrero, la oposición encabezada por Guaidó intentó sin éxito hacer ingresar camiones con ayuda humanitaria provista por EEUU y otros países que se encontraba en territorio colombiano.
Durante la tensa jornada en los puentes internacionales que unen a los dos países hubo choques entre manifestantes y personal militar y policial y se incendiaron dos camiones.
En ese marco decenas de uniformados venezolanos cruzaron al lado colombiano y entregaron sus armas, prometiendo lealtad a Guaidó.
