"EEUU depende 15% y México 80% de ese flujo comercial (…) ¿Qué ganamos con una guerra comercial que vamos a perder, con el 25% a los aranceles?", dijo el ministro en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cinco gobernadores del sureste mexicano.
La estrategia en la negociación con la Casa Blanca, que culminó en un acuerdo firmado el 7 de junio pasado, consistió en "sacar la discusión del tema comercial y centrarla en el tema migratorio" dijo el ministro.
El jefe de la diplomacia mexicana coincidió con las quejas de Trump y las autoridades estadounidenses en que la cantidad de indocumentados ha crecido en forma descontrolada.
"Ha crecido 300% el flujo migratorio; México siempre ha tenido capacidad de regular el flujo", dijo al explicar la decisión de desplegar 6.000 uniformados de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur.
Asimismo, el canciller afirmó que el mensaje a la población indocumentada que sale de sus países, para cruzar territorio mexicano a pedir asilo en EEUU, es que se registren con las autoridades mexicanas.
"Hay 1,5 millones de personas [en México] que no sabemos cómo se llaman, no solo de Centroamérica, sino de muchos países del mundo, como la India y Pakistán" prosiguió Ebrard para enfatizar la necesidad de los registros para garantizar los derechos de los inmigrantes.
Ebrard respondió así al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, líder de la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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"Es gravísimo que el país selle sus fronteras, en contra de los tratados internacionales (…), la Guardia Nacional fue creada para combatir delincuentes no para detener a migrantes", sentenció el 13 de junio Muñoz Ledo, en su aguda controversia con sus propios correligionarios en el Gobierno.
El presidente López Obrador dijo a su turno que fue un buen acuerdo migratorio para México, pero también para EEUU, porque "una cosa es lo deseable y otra lo posible".
"Aunque la podamos ganar, la guerra no es opción, no es alternativa y nosotros no somos guerreros, no vamos dirimir diferencias con el uso de la fuerza" puntualizó.
El acuerdo comenzará a evaluarse 45 días después de su firma, y a 90 días de su anuncio se negociarían, eventualmente, nuevas medidas.
