Los activistas Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, arrestados el 5 de junio pasado en el estado de Sonora y en la capital mexicana respectivamente, lograron su libertad al demostrarse que "las acusaciones fueron falsas", sostuvo la organización Pueblo Sin Fronteras en un comunicado.
Mujica es dirigente de Pueblo Sin Fronteras, organización "sistemáticamente criminalizada" por su acompañamiento a diferentes caravanas migrantes, según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", conformada por 87 grupos presentes en 23 estados del país.
El otro liberado es Cristóbal Sánchez, activista mexicano fundador hace 15 años del Colectivo de Cultura Migrante que "asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria" y ha colaborado con programas sobre migración en la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Columbia, informó el colectivo.
Un juez federal rechazó las pruebas de la fiscalía contra los acusados y ordenó su inmediata libertad, que se consumó la madrugada de este miércoles.
Las organizaciones denunciaron "la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de los migrantes", y expresaron su "profunda preocupación por el avance de la agenda de militarización en la frontera sur".
En una entrevista con Sputnik, el sacerdote Alejandro Solalinde, quien asesora al Gobierno federal en políticas migratorias, dijo el martes pasado que "me ha dolido mucho lo de Irineo (Mujica), mi compañero, que tiene su lugar en la historia de la defensa de migrantes, gracias a él pudimos denunciar en 2008 que los militares maltrataban a los más pobres de los migrantes".
Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, dijo a esta agencia que a partir del acuerdo ya no van a ser necesarias la caravanas de migrantes.
"Ya no se va a poder 'caravanizar' el flujo migratorio, ahora se tramitarán individualmente los papeles para poder irse en avión o en autobús (al norte), no va haber necesidad de caravanas", anticipó.
Un acuerdo migratorio bilateral, firmado el viernes pasado, estipula que México va a desplegar 6.000 efectivos de su Guardia Nacional a su frontera sur y trabajará para desmantelar las redes de trata de personas, para evitar la imposición de aranceles de EEUU a los productos mexicanos.