"La privación de la libertad de ambos defensores representa una forma de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de las personas migrantes", dijeron las organizaciones en un comunicado.
"Exigimos se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y que el juicio se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales", piden las organizaciones en el texto.
Al mismo tiempo, expresan su "profunda preocupación por el avance de la agenda de militarización en la frontera sur".
Uno de los detenidos, Mujica, es dirigente de Pueblo Sin Fronteras, organización que ha sido "sistemáticamente criminalizada" por su labor de acompañamiento a diferentes caravanas migrantes, denuncias las asociaciones civiles.
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Sánchez, en tanto, es un activista mexicano fundador hace 15 años del Colectivo de Cultura Migrante, que "asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria", y ha colaborado con programas relacionados con la migración en la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Columbia, Nueva York.
Si en dicha audiencia la fiscalía no ofrece "pruebas idóneas y suficientes" en contra de los acusados "por los delitos que injustamente se les imputan, el juez debería dictar auto de libertad", exigen las organizaciones.
El documento lo firma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", conformada por 87 organizaciones presentes en 23 estados del país.
Además fue respaldado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, además de decenas de expertos y académicos.
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Trump anunció que ambos países habían alcanzado un acuerdo mediante el cual Washington suspendía la aplicación de estos impuestos.
El acuerdo estipula que México va a desplegar a su Guardia Nacional a la frontera sur del país y trabajará para desmantelar las redes de trata de personas, según el texto de la declaración bilateral, publicado por el Departamento de Estado.
