Los manifestantes acusaron a Witzel de promover una política de gatillo fácil para acabar con la criminalidad galopante de Río, en consonancia con la liberalización de la compra y tenencia de armas promovida desde el Gobierno federal.
Según diversos medios, uno de los voceros del movimiento 'La favela no se calla', André Constantine, denunció "una política de guerra contra las drogas con trasfondo de genocidio del pueblo negro". "Cada 23 minutos, un joven negro muere asesinado en Brasil. Y de cada 100 personas asesinadas, 77 son negras", afirmó.
Integradas por policías militares y civiles activos o en la reserva, bomberos y agentes penitenciarios, comenzaron como una especie de fuerza de defensa contra la entrada de narcotraficantes en los barrios cariocas.
"En los años 90 y principios de 2000 este fenómeno cobró mayor relevancia y empezó a jugar un papel central especialmente en su interacción con las organizaciones criminales brasileñas que fueron ganando muchísimo lugar en las favelas", explicó a Sputnik Carolina Sampo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) del Instituto de Relaciones Internacionales de Universidad Nacional de La Plata.
Desde entonces, estos grupos no pararon de crecer y asumir funciones de 'gobierno' paralelo en las favelas, asociándose o apoderándose de las negocios ilícitos que antes intentaban combatir.
"Hacia 2008 hubo un repunte de la seguridad con la instalación de las Unidades Policiales de Pacificación, que eran la presencia del Estado dentro de las favelas", precisó la experta.
Sampo consideró que las posiciones y prédica del presidente Bolsonaro con el tema armas y el empleo de la justicia por mano propia para "matar bandidos" fomenta la polarización y pone a los más relegados de la sociedad en la mira. "Intensifica este espiral de violencia que se desató en Brasil ya hace unos años. Puede complejizar más la situación", indicó.
