"Al no haberse posesionado como representante [diputado] no tiene fuero, por lo tanto [la defensa de 'Santrich'] no puede decir que el despacho no es competente (…), me disculpan, pero no tengo esto muy claro", dijo la jueza en la noche del 20 de mayo, luego de siete horas de audiencia de imputación de cargos.
En consecuencia, la jueza decidió que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida si ella es competente o no para el caso, ya que 'Santrich' nunca se posesionó como diputado, escaño que debió asumir el pasado 20 de julio, pero al que no accedió debido a que se encontraba en prisión desde abril de 2018 señalado de narcotráfico.
'Santrich' resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido y sólo fue liberado el 17 de mayo, pero ni bien pisó el portón de la cárcel La Picota, de Bogotá, fue recapturado por agentes de la Fiscalía, que dice tener nuevas evidencias por narcotráfico y concierto para delinquir, por lo que fue enviado a la cárcel de nuevo.
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Al respecto, en la audiencia del 20 de mayo y que terminó tarde anoche, el abogado de 'Santrich', Eduardo Matyas, le pidió a la jueza que se aparte del proceso, pues en la audiencia de legalización de captura —el 18 de mayo— ella lo "prejuzgó", es decir, no fue imparcial al decidir enviarlo a la cárcel, ya que habría hablado de "medida de aseguramiento", cuando no era la etapa procesal para hacerlo.
Una vez se pronuncien la Corte Suprema de Justicia y el juzgado de conocimiento, iniciará la audiencia de imputación de cargos y, luego, la de medida de aseguramiento, ya que la Fiscalía pide la cárcel para 'Santrich' por los cargos que le señala.
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'Santrich', quien permanecía en la cárcel La Picota desde abril de 2018 en el marco de un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, recibió el miércoles, por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) el beneficio de garantía de no extradición y su libertad inmediata.
Poco después, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la salida de 'Santrich' de la prisión, pero en horas de la tarde, cuando salía del lugar junto a sus abogados y personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue abordado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, quienes lo recapturaron.
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Según la Fiscalía, "como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte".
Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz (suscrito entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016), por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la JEP y darían paso a su extradición.
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La negativa de la JEP de extraditar al exguerrillero ha generado una tensión política interna que puede escalar a relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ya que existe un tratado de extradición entre ambos países que la JEP desconoció en su fallo.
La decisión de la JEP fue seguida de la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez —que dijo no estar de acuerdo con ese tribunal—, y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
