El pedido no logró obtener los nueve votos requeridos en el órgano: cinco miembros apoyaron la iniciativa, pero otros seis se opusieron y cuatro de abstuvieron.
Conforme a la nueva ley, el idioma ucraniano se convertirá en obligatorio para las autoridades estatales y los gobiernos locales, para todas las instituciones educativas, los hospitales y el sector de los servicios.
La normativa estipula además instituir una "comisión lingüística" y el cargo de defensor del idioma, introducir la práctica de verificación del nivel de conocimiento del ucraniano entre los funcionarios y multar la violación de las normas especificadas en este documento.
La defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, señaó que la ley ucraniana no solo contradice los Acuerdos de Minsk, sino además viola burdamente los derechos de millones de ciudadanos rusoparlantes.
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Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio –Donbás– donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos, además de unos 1,6 millones de desplazados.
