El Ministerio de Comercio del país asiático "lamentó profundamente" los aumentos y amenazó con posibles represalias hacia EEUU.
A pesar de la resonancia del conflicto, para el entrevistado Miguel Ponce, se trata más de una convergencia que de una guerra entre las dos potencias.
"El mundo está pendiente de esto, pero no hay una guerra comercial, sino que hay una convergencia de intereses entre EEUU y China para juntos protagonizar la revolución industrial 4.0", dijo Miguel Ponce a 'En Órbita'.
Según el experto, esta nueva revolución "implica la utilización masiva de inteligencia artificial, el proceso de robotización acelerado y el internet de las cosas, volcados a las cadenas globales de valor".
En la actualidad el 85% de los intercambios tecnológicos pasa por estas cadenas globales de valor, donde ambos países se "complementan", según Ponce.
El incremento de los aranceles suma 200.000 millones de dólares y afecta a más de 5.000 productos chinos.
Trump manifestó este viernes 10 que parte de la recaudación de la suba de aranceles se destinará en comprar productos agrícolas para ayudar a países pobres.
Según Ponce, este mensaje "demagógico" del Presidente se relaciona con el momento positivo actual de la economía estadounidense —un 3,6% de desocupación, la menor en los últimos 50 años- y con una intención de reelección presidencial en 2020.
La titular del FMI, Christine Lagarde, dijo que este conflicto entre potencias lo sufrirá la economía mundial, especialmente los países emergentes.
En otro orden, el Congreso mexicano aprobó la reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sustituye a la promulgada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, criticada por docentes y estudiantes.
Durante la campaña electoral, López Obrador se había comprometido a eliminarla por considerar que mercantilizaba la educación. Uno de los puntos fundamentales de esta reforma es la obligación del Estado de garantizar la educación gratuita en todos los niveles. También elimina el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, órgano juzgaba la continuidad de los docentes según pruebas.
Según la normativa, la iglesia católica no debe intervenir de ninguna manera con las autoridades civiles en los procesos de investigación. La nueva disposición entra en vigor el 1 de junio en carácter "experimental", ya que será reevaluada después de un periodo de prueba de tres años.
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