Según consta en el decreto 9.785 del Diario Oficial, a partir de ahora podrán portar un arma "políticos electos, abogados que ejerzan de oficiales de Justicia y profesionales de la prensa que actúen en coberturas policiales", entre otras categorías profesionales.
Para estas y otras profesiones, el Gobierno brasileño elimina el requisito que estaba en vigor desde el Estatuto del Desarme de 2003 que exigía que los interesados en usar un arma demostrasen ante la Policía Federal la necesidad de contar con esa protección.
A partir de ahora, basta con ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales y presentar un certificado de aptitud psicológica.
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El porte de armas da derecho a las personas a circular armadas por la calle, al contrario que la tenencia, que sólo permite tener un arma en una propiedad privada (residencial, rural o comercial).
Al firmar esta nueva medida el 7 de mayo, el presidente brasileño dijo que fue hasta "el límite de la ley" y mostró su satisfacción ante una nutrida representación de parlamentarios de la llamada "bancada de la bala", que representan los intereses de la industria armamentística.
El presidente brasileño también ha mostrado su intención de facilitar la importación de armas y la instalación en Brasil de fabricantes de armas extranjeros, así como de facilitar el porte de armas (y no solo la tenencia) para cualquier ciudadano.