"La estrategia contempla repensar la seguridad nacional y reorientar parcialmente los recursos de diverso tipo, ahora destinados a las Fuerzas Armadas, para destinarlos prioritariamente a la seguridad pública", dijo Durazo ante el pleno de la Cámara Alta.
"Sin abandonar sus misiones constitucionales, las Fuerzas Armadas participan en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual brindará seguridad en su primer año a 150 regiones del país", de las 266 totales que se crearán, dijo el alto cargo federal.
Durazo destacó que durante su gestión "se utilizará la inteligencia financiera para combatir los recursos de las organizaciones criminales".
El integrante del gabinete de Seguridad Nacional celebró una reforma constitucional, alcanzada por unanimidad en el Senado, que "resolvió el vacío legal" para autorizar las acciones militares en seguridad pública.
Esa reforma "resolvió la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia", argumentó Durazo ante los legisladores.
La nueva corporación comenzará con 82.000 efectivos a mediados de 2019, con apoyo de policías militares, navales y federales.
Sin embargo, el reclutamiento permitirá contar con 250.000 guardias nacionales en 2023, un año antes de que concluya la presente administración federal.
Primeros resultados en seis meses
El titular de Seguridad Pública plantea la meta de "lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación".
Sin embargo, en la sesión de preguntas, aclaró que "sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia porque es un problema estructural, crónico, histórico, tenemos que asumirlo con una perspectiva a mediano plazo".
El pasado 22 de abril, el presidente López Obrador pidió seis meses para mostrar resultados de la estrategia de seguridad.
La guerra frontal de la Fuerzas Armadas contra el crimen organizado ha costado más de 252.500 vidas desde 2006 a la fecha, más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificar, y 1.100 fosas clandestinas.
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En los primeros cuatro meses del mandato de López Obrador se han registrado 11.372 asesinatos en todo el país, la cifra más alta desde que comenzaron los registros de homicidios dolosos en 1997, informó esta semana el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
