A los nacionales de Haití —el país más pobre de América— también se les exige visa para entrar a México. De dicho Estado caribeño provienen muchos de quienes acampan en las puertas de la estación migratoria Siglo XXI, en la frontera sur.
Llevan más de un mes de protestas frente a este centro de detención de migrantes, una de las 35 estructuras donde las personas son privadas de su libertad durante el tiempo que dure su proceso de solicitud de refugio o de obtención de papeles necesarios para continuar su viaje.
Allí, dicen, buscan obtener oficios de salida —el documento que obtiene todo extranjero al entrar al país y que le permite salir legalmente—, una oportunidad de seguir camino hacia el norte, sin el peligro de ser deportados.
En las puertas de la estación, uno de los migrantes africanos va leyendo nombres mediorientales en una lista, que indican las personas que pueden pasar.
Los haitianos llevan días esperando oír el suyo, pero también hay mucha incertidumbre mezclada con el reclamo: ninguno de los que ha entrado hasta ahora ha logrado el documento necesario. Los relatos de los que sí entraron a la Siglo XXI dicen que adentro el lugar es invivible.
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Sólo en marzo de 2019, el Instituto Nacional de Migración mexicano detuvo a 12.700 personas según datos publicados por Mathieu Tornier en la revista Proceso, lo que implica un aumento del 23% de las detenciones con respecto al mes anterior. También supera las 11,779 detenciones realizadas en marzo de 2018, el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Siglo XXI es la principal cárcel donde las personas detenidas son recluidas. Tiene una capacidad para albergar a 960 personas. Sin embargo, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Édgar Corzo Sosa, estuvo allí en los primeros días de abril y denunció públicamente que entonces había más de 1.400 personas alojadas. Otras organizaciones civiles han llamado la atención, insistiendo que en realidad los migrantes presos superan ampliamente los 3.000.
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Hacinada al extremo, la comida escasea. También las posibilidades de aseo o de esparcimiento. Y lo fundamental es que, una vez que se entra, nadie sale hasta que el INM resuelva su situación: o les brinda documentos o los deporta.
A pesar de la prohibición de ingreso a la Estación para la prensa y el grueso de las organizaciones sociales que apoyan a los migrantes en tránsito por México, los haitianos han logrado algo que nadie ha podido: acercarse hasta las puertas de acceso a recibir paquetes con comida y otros enseres personales de los compañeros que esperan afuera, instalados en tiendas de campaña.
Discriminados
Atania tiene 35 años y el tiempo que lleva fuera de Haití le ha permitido aprender a hablar español. Su trayecto ha sido pesado para llegar hasta México: ha atravesado Ecuador, Colombia, en donde caminó siete días por la selva para atravesar la frontera con Panamá. Luego su periplo la llevó por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y ahí recién, logró llegar a México.
"Estos viajes cuestan mucha plata, mi esposo y yo gastamos como 5.000 dólares entre los dos. Gastamos todo lo que teníamos y por eso tenemos miedo que nos deporten", dijo a Sputnik.
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La joven lleva casi un mes exigiendo un "salvoconducto" del Gobierno mexicano en las puertas de la estación migratoria Siglo XXI.
"No dan papeles, adentro no hay nada, no hay comida. Nos están maltratando. Hay mucha gente que tiene miedo de ir ahí adentro, porque hablan de deportación para los haitianos. Solamente la semana pasada deportaron a 71 haitianos", dijo.
Se estima que más de un millón de personas viven en crisis humanitaria en un país que no ha logrado reponerse del terremoto sufrido en 2010 que destrozó la isla, ni de los sucesivos en 2018, ni de la seguidilla de crisis políticas que han expulsado a miles de haitianos fuera de su país.
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En 2010, México recibió a un primer contingente de 250 personas, que llegaron a bordo del buque Usumacinta de la Armada Nacional, que abrió la puerta a esta nueva migración regional.
En 2016, otro numeroso grupo de haitianos logró un salvoconducto legal que les permitió viajar a las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, lindantes con EEUU, en Baja California Norte. El documento les permitió abordar autobuses e instalarse en Tijuana, en un barrio que se le conoce como 'Pequeña Haití'.
"Cuando la gente llegó aquí en 2016, le dieron el papel para poder viajar en bus a Tijuana, pero ahora cambiaron", dijo Atania a Sputnik.
"No hemos hecho nada malo, no hemos robado ni matado a nadie y nos toca un mes de prisión (en la Estación migratoria) sin comida, sin nada. Hay haitianos que ya llevan dos meses dentro y no han liberado a ninguno con papeles. Esto es una discriminación", sentenció.
