Este domingo 7 de abril se cumplirá el primer aniversario de la detención del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Distintas personalidades coincidieron en la arbitrariedad del proceso judicial que lo llevó a la cárcel y definieron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como un preso político.
Monique Lemos, integrante del Colectivo Passarinho —formado por ciudadanos brasileros residentes en Buenos Aires-, destacó que "el juez Sérgio Moro, que coordinó todo el proceso contra Lula, es una de las máximas autoridades del gobierno de Bolsonaro" y que "las leyes que permitieron meterlo preso hoy ya no están vigentes".
Por su parte, Joaquin Piñero, miembro de la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, afirmó que "Lula es un secuestrado de la justicia brasilera" y que el país sudamericano vive "un Estado de excepción". Maria Silvia Portela do Castro, asesora de la CUT, consideró que el exmandatario está detenido por "su combate al neoliberalismo", al tiempo que responsabilizó a Bolsonaro por estar "destruyendo la obra de los últimos diez años", en referencia al legado de Lula.
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En tanto, Gleisi Hoffman, diputada y presidenta del PT, denunció la "influencia del Departamento de Justicia norteamericano en el Lava Jato, que llevó preso a Lula".
El teólogo brasilero Frei Betto sostuvo que "la libertad de Lula es condición para la democracia en Brasil, con un gobierno neofascista, represor, que persigue a los trabajadores, beneficia a los más ricos y censura el arte".
"Somos militantes de la utopía", concluyó.
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Asimismo, se refirió a las declaraciones del sitio WikiLeaks, que denunció un plan para sacar al ciberactivista Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012, para desviar la atención del presunto vínculo de Moreno con empresas offshore. Una estrategia que, según Monroy, suele emplear el mandatario.
"El día que se reunió en Chile con los presidentes latinoamericanos con motivo del Prosur, Moreno dijo que el gobierno de Venezuela pagaba a la organización Eloy Alfaro de Rafael Correa para desestabilizar a su gobierno y que pretendía hacerlo con los otros gobiernos de la región. Pero la Fiscalía de Ecuador determinó que no había indicios de responsabilidad penal y desestimó la denuncia. Moreno hizo esta denuncia en momentos de campaña por los comicios regionales y cuando surgía el INA Papers, el caso por el cual se lo está investigando", sostuvo el periodista.
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