"Pensando en el desarrollo futuro de nuestro país, valorando nuestros logros desde 1990, para ratificar nuestra participación en un grupo sólido en medio de las guerras comerciales de las grandes potencias, les pedimos respetuosamente que aprueben el acuerdo TPP11 que está bajo su consideración", dijeron los 11 cancilleres en la misiva.
El debate en el Congreso se postergó ya dos veces por solicitud de los legisladores de más tiempo para analizar las ventajas y desventajas del TPP11.
Los excancilleres opositores Soledad Alvear, José Miguel Insulza, Carlos Figueroa, Heraldo Muñoz, Mariano Fernández, Juan Gabriel Valdés, Alejandro Foxley e Ignacio Walker aseguraron en la carta que "durante los últimos 30 años ha existido una política de Estado respecto a los tratados de libre comercio que ha traído verdadero progreso al país".
"Hubiera sido imposible alcanzar el alto crecimiento, la acelerada creación de empleos, el incremento en el poder adquisitivo y la expansión del gasto social sin los acuerdos internacionales que se han firmado en este periodo", afirmaron.
En particular sobre el TPP11 destacaron el rol que jugó Chile para mantener el grupo tras la salida de Estados Unidos en 2017, y aseguraron que "acá hay un poderoso conglomerado de países de las distintas riberas del Pacífico unidos en el propósito de garantizar reglas con los más altos estándares".
"Chile con el TPP11 ha logrado un objetivo estratégico, que va más allá de la red de acuerdos bilaterales de libre comercio", señalaron.
El TPP11 es una modificación del Acuerdo Transpacífico (TPP) original firmado en 2016 y que incluía entre sus miembros a Estados Unidos, pero en 2017 Washington se retiró del acuerdo.
Los estados firmantes del actual TPP11 son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam.
Las organizaciones civiles de Chile alegan, entre otras cosas, que este acuerdo permitirá que las empresas privaticen distintas variedades de semillas, impidiendo el libre cultivo.
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Además, el TPP11 otorga jurisdicción exclusiva a tribunales internacionales que podrían fallar a favor de multinacionales en perjuicio del Estado de Chile, según los críticos.
