El último informe de la Contraloría General de la República sobre la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales es contundente. El ente asegura que su empleo afectaría el agua subterránea, disminuiría el recurso hídrico superficial, generaría derrames, fugas de fluidos, riesgos en el manejo y disposición de las aguas de producción.
El informe fue difundido por W Radio Colombia el miércoles 3 de abril. En el artículo noticioso se señala que es la quinta vez que la Contraloría advierte que el fracking ha sido insuficientemente estudiado, por lo que el Estado colombiano no está preparado para aplicarlo.
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En diálogo con W Radio Colombia, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, dijo que el Gobierno ha sido "muy enfático en que todas las actividades que se hagan en la industria minero-energética deben hacerse de manera sostenible con las comunidades y el medio ambiente".
A su vez, Londoño recordó que debido a que el fracking es un "tema estrictamente técnico", el Gobierno decidió conformar una comisión de expertos independientes para que analicen todos los impactos. "Ese informe nos lo presentarán al término de esta semana", anunció.
Sobre las normas
Respecto a la reglamentación colombiana, la Contraloría resalta que hay 16 normas sobre la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, de las cuales 14 tienen injerencia en el componente técnico-ambiental y dos en el componente administrativo. No obstante, indica que carecen de "articulación" y no existe una unidad de criterios, cuestiones que en un futuro cercano podrían convertirse en un problema para controlar la actividad.
En ese sentido, la Contraloría considera "inconcebible" que la Agencia Nacional de Hidrocarburos haya adjudicado varios bloques de exploración y explotación de fracking sin que aún el Estado cuente con un marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico para definir las restricciones ecosistémicas sobre la implementación de esta técnica.
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La Alianza anunció en un comunicado que presentaría el informe de la Contraloría al Congreso de la República, al Consejo de Estado y a "otras entidades e instancias nacionales e internacionales, para que se privilegie el agua, el ambiente y la salud de los colombianos, y se detenga el avance de esta nefasta práctica en el país".
