"La Sala III ha tomado la decisión de pedir al Gobierno el acuerdo del 15 de marzo con carácter previo a decidir sobre la medida cautelar de suspensión del proceso de exhumación que fue solicitada por la familia de Franco", informó el Tribunal Supremo.
El pasado 15 de marzo, el Gobierno fijó el día 10 de junio para proceder a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde se encuentra enterrado con honores.
El traslado se hace en virtud de la Ley de Memoria Histórica, que el pasado mes de agosto fue modificada por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez para fijar que en el Valle de los Caídos solo pueden reposar los restos de personas fallecidas a causa de la Guerra Civil o de la posterior represión franquista.
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En consecuencia, la presencia de Franco —fallecido en 1975 mientras seguía siendo Jefe de Estado— en el Valle de los Caídos se volvió contraria a la ley, por lo que el Gobierno inició trámites para trasladar sus restos.
Finalmente, el Gobierno anunció el pasado 15 de marzo que Franco sería trasladado al cementerio de Mingorrubio, donde está enterrada su esposa.
Pese a que el Gobierno ya dictó la orden administrativa para exhumar a Franco, la decisión todavía tiene que pasar un laberinto judicial antes de llegar a puerto.
Por un lado, el Tribunal Supremo se encuentra actualmente estudiando, además de la posible suspensión cautelar, un recurso presentado por la familia de Franco y otro presentado por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos para paralizar todo el proceso.
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Por otro lado, un juzgado de Madrid mantiene suspendido el permiso de obras necesario para levantar la losa que cubre los restos mortales de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos.
Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se encuentra estudiando estas demandas para fijar un criterio único entre los distintos juzgados, pero mientras tanto el permiso de obras sigue suspendido.
Finalmente, el último escollo tiene que ver con la posibilidad de un cambio de signo político en el Gobierno tras las elecciones del próximo 28 de abril.
La vicepresidenta del actual Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la exhumación de Franco tiene que ver con "el cumplimiento de la ley", por lo que un eventual cambio en el Ejecutivo no debería paralizar el procedimiento.
Sin embargo, la exhumación de Franco no genera consenso en la política española y algunas formaciones políticas —como el Partido Popular, la principal fuerza de la oposición— se oponen frontalmente a ella, por lo que un cambio de Gobierno abriría un escenario de incertidumbre en cuanto a su culminación.
