“Las partes de la Mesa de Negociación definirán los mecanismos que permitan la liberación definitiva en cada caso y del seguimiento y verificación al cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas liberadas”, reza el pronunciamiento publicado por la web gubernamental 19Digital.
El texto agrega que para “los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía, se hará un Acuerdo Político para el cierre definitivo de sus causas”.
El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda) y la opositora Alianza Cívica acordaron además fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, primer punto de la negociación para superar la actual crisis en Nicaragua.
El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el enviado especial de la OEA, el exministro uruguayo Luis Ángel Rosadillo, aceptaron una invitación de las partes para ser garantes internacionales del proceso de liberación.
A su vez, la Secretaría General de la OEA aceptó retomar el proyecto de reformas para fortalecer el proceso electoral, y nombró coordinador a Cristóbal Fernández, de su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral.
Según un comunicado previo, las negociaciones entre Gobierno y oposición tienen previsto concluir el próximo 3 de abril, tras una serie de interrupciones en el diálogo, por reclamos de la Alianza Cívica.
El Ministerio de Gobernación excarceló el pasado 15 de marzo a un primer grupo de opositores detenidos durante violentas protestas antigubernamentales en 2018, y se comprometió a liberar al resto en menos de 90 días, con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El nuncio Sommerstag acompañó el diálogo desde el inicio y se mantuvo después que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinara una invitación a participar en las negociaciones.
La Secretaría General de la OEA envió luego a Rosadillo para evaluar su posible incorporación al proceso, lo cual aceptó la semana pasada.
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Entre los principales resultados de las conversaciones destacan, además del compromiso para excarcelar a los opositores, la búsqueda de mecanismos para fortalecer las instituciones electorales y afianzar las garantías constitucionales.
Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de “terroristas”.
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que suspendió las conversaciones en junio pasado, en medio de acusaciones y falta de consenso entre ambas partes.
