En un comunicado, la Fiscalía del estado de Goiás (centro-oeste), resaltó que los militares deben obediencia a la Constitución y "recomendó a las autoridades máximas de las tres Fuerzas Armadas en el estado que se abstengan de promover cualquier acto de ese tipo y que adopten providencias para que todos los militares subordinados cumplan la medida".
El pronunciamiento se da después de que el portavoz presidencial, Otávio Rêgo Barros, dijera que Bolsonaro había determinado que el Ministerio de Defensa celebrara el 31 de marzo "como es debido", en alusión a la fecha en que los militares dieron un Golpe de Estado.
Según el Ministerio Público Federal, si el Gobierno usara la estructura pública para promover algún tipo de homenaje a la dictadura el presidente Bolsonaro podría estar incurriendo en un delito de improbidad administrativa.
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Este miércoles, un grupo que incluye a víctimas y familiares de víctimas de la dictadura militar pidió al Tribunal Supremo Federal que suspenda la determinación de Bolsonaro, y la jueza Irani Silva da Luz, de la Justicia Federal de Brasilia, dio un plazo de cinco días para que el presidente y el Estado se manifiesten sobre esa acción ciudadana que intenta impedir los festejos.
