"De esas 790 personas atendidas bajo el mecanismo, 292 son periodistas, y 498 son activistas y defensores de los derechos humanos", detalló el funcionario de subsecretaría de DDHH de la secretaría federal de Gobernación, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un balance sobre ese mecanismo, creado en julio de 2012 al amparo de una ley federal, Encinas dijo que es "responsabilidad del Estado garantizar la vida, la libertad y la seguridad de esas personas en situación de riesgo".
"Hay 790 botones de asistencia disponibles actualmente, para proteger a defensores y periodistas, de ellos 209 usuarios tienen apagado el botón durante por más de 150 días al año (…), y solo 230 lo tiene activo de manera permanente", detalló funcionario.
El balance oficial de defensores de DDHH asesinados durante el nuevo Gobierno de López Obrador, señala que "van nueve decesos, de los cuales solo se han esclarecido dos, en Chiapas (sur), y siete están en proceso de investigación".
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En cuanto a las ejecuciones de periodistas el balance oficial de casi tres meses señala que "van seis homicidios, desde el 1 de diciembre de 2018, de ellos solo Rafael Murúa, en Baja California Sur [noroeeste], era el único protegido por el mecanismo, y hay cuatro detenidos, presuntos responsables".
El funcionario señaló que, de parte de los dueños de medios de comunicación, "deben garantizar los derechos laborales de los periodistas, que no tienen empleo permanente, se utiliza la figura de 'outsourcing o freelancers' (subcrontratados o independientes), no cuentan con seguro de vida, están sin protección social que debería ser obligación de los medios que los contratan".
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En los últimos tres años, el promedio ha sido de 12 periodistas asesinados cada año, según la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Responsabilidad del Estado
Encinas considera que uno de los problemas del mecanismo de protección es la contratación de una empresa privada para cuidar de personas cuya vida corre peligro.
Una de las limitaciones de la empresa privada encargada de la seguridad de esas personas amenazadas, es que ha reportado fallas tecnológicas de sus servicios y carece de permisos de portación de armas, de manera que contrata a marinos o soldados jubilados, que portan sus armas reglamentarias, reveló el funcionario.
El mecanismo aplica "botones de asistencia", mediante celulares y telefonía satelital, cámaras, chalecos antibalas, detectores de metales y automóviles al servicio de las víctimas de acoso.
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Al asumir esas funciones, el Gobierno espera ahorrar 15% de los 30 millones de pesos (1,5 millones de dólares) que paga a esa empresa.
El presupuesto original destinado durante 2019 por las autoridades a la protección de periodistas y defensores, es poco más de 700 millones de pesos (35 millones de dólares), que fue ampliado con 75 millones de pesos más (casi 4 millones de dólares).
Entre las medidas de "corresponsabilidad", las autoridades buscarán involucrar a los dueños de medios de comunicación, debido a que a muchos periodistas amenazados, "los despiden, no los vuelven a contratar, se les estigmatiza, o son obligados a emigrar de sus lugares de labores".
"En algunos casos se quiere criminalizar y estigmatizar a las víctimas, no vamos desaparecer el mecanismo en la medida que exista una situación de emergencia", puntualizó Encinas.
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El Gobierno de México también buscará la cooperación internacional de la alta comisionada de DDHH de la Organización de Naciones Unidas, la agencia de EEUU para el desarrollo internacional (US-AID) y la Unión Europea, además de recoger experiencias en Colombia, Honduras y Guatemala, países que cuentan con mecanismos similares.
