"Michel Temer es el líder de la organización criminal a la que me referí, y el principal responsable de los actos de corrupción aquí descritos", afirmó el magistrado en el texto en que ordena su prisión preventiva.
El exmandatario brasileño fue detenido la mañana de este 21 de marzo en Sao Paulo y poco después también fue preso en Río de Janeiro su amigo personal, exministro de Minas y Energía y exgobernador de Río de Janeiro Wellington Moreira Franco.
Según informó el Ministerio Público Federal en un comunicado, las detenciones tienen que ver con sobornos en la central nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.
Se investigan delitos de corrupción y blanqueo de dinero en base a pagos ilícitos realizados por José Antunes Sobrinho (dueño de la empresa de ingeniería Engevix) "al grupo criminal liderado por Michel Temer, así como posibles desvíos de Eletronuclear [una empresa estatal] a empresas indicadas por el citado grupo".
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En 2014, el empresario de Engevix pagó al exministro Moreira Franco y al coronel Joao Baptista Lima Filho (supuestos testaferros de Temer) 1.091.000 reales (285.000 dólares) para poder acceder a contratos de obras de la central nuclear.
La investigación actual también demuestra que diversas personas físicas y jurídicas usadas en la red de Temer continúan a día de hoy recibiendo y moviendo dinero de forma irregular, además de ocultando valores, incluso en el extranjero.
También se detectó que una especie de brazo de la organización está especializado en actos de "contrainteligencia" para dificultar las investigaciones.
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Los acusados habrían controlado a los investigadores, habrían pactado versiones entre ellos y sus subordinados e incluso habrían creado documentos falsos para despistar, según el Ministerio Público.
Durante su corto mandato fue denunciado en dos ocasiones por la Procuradoría General de la República, pero logró frenar las investigaciones gracias al apoyo de los parlamentarios.
Su detención se precipitó al dejar la presidencia el pasado 1 de enero, dado que al no contar con el aforamiento de las autoridades del Estado estaba expuesto a la acción de la Justicia ordinaria.
