"Los pactos subyacentes y las redes de poder en el organismo legislativo han distorsionado la democracia guatemalteca (…) esto afecta la legitimidad de un institución fundamental para el Estado de derecho", dijeron las entidades.
El informe "Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco" analiza cómo se perpetuaron en el poder algunos parlamentarios desde el 2015 y recuerda que en los comicios de ese año el 52% de los legisladores se mantuvo en sus puestos.
Esa cifra supuso un "repunte histórico en la reelección legislativa" a pesar de que los partidos políticos en ese país no presentan continuidad en el ejercicio gubernamental desde 1986, dice el informe.
Más aquí: Congreso de EEUU cuestiona medidas del Gobierno de Guatemala contra la CICIG
Para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fundación Mirna Mack, el hecho de que el 65% de los legisladores puedan volver a sus cargos se debe a que han adquirido "las formas de un intercambio electoral-mercantil".
Sostuvieron que los acuerdos que establecen los legisladores para volver a estar en sus cargos determinan las leyes que se aprobarán en el Congreso, lo que explica por qué en instancias anteriores muchos parlamentarios se opusieron a reformas del Poder Judicial, del código penal o del financiamiento político.
Las votaciones legislativas muestran que existe un "núcleo duro" de legisladores que sostiene el status quo en base a un pacto con ciertos sectores políticos, sociales o económicos, según el informe.
La CICIG ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Jimmy Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
Eso ha derivado en un enfrentamiento entre el órgano creado en 2006 por la ONU y el Gobierno guatemalteco al punto de que el mandatario puso fin por adelantado el mandato de la comisión.
