Entrevistada por la televisora CNN en Español, la candidata presidencial del Movimiento Semilla aseguró que el Ministerio Público debería investigar al ministro de Gobernación y al juez Décimo de Instancia Penal, pues su caso está en reserva legal y "alguno de ellos dos filtró la supuesta orden de aprensión".
"Es evidente que querían detener mi inscripción y para ello usaron instituciones del Estado, por eso urge que regrese la CICIG a Guatemala", declaró Aldana al programa Conclusiones, desde El Salvador.
Sin embargo, la propia Aldana confirmó que posee inmunidad como candidata a la presidencia, por lo que solo la Corte Suprema de Justicia podría analizar su expediente y decidir si designa a un juez pesquisidor para su caso.
"Asumo que el juez (Cruz) conoce el derecho y sabe que debe inhibirse: se le acabó la competencia", señaló la expresidenta de la Corte Suprema (2011-2012) y exfiscal general (2014-2018), cargos en los cuales se dedicó, dijo, "a sacar la basura de Guatemala".
La jurista es célebre por encabezar junto a la CICIG la investigación que llevó en 2015 a la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidente, Roxana Baldetti.
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Ahora la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público la investiga por la supuesta contratación irregular de Gustavo Bonilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.
Acusó al presidente Jimmy Morales de encabezar un "pacto de corruptos" junto a miembros del Congreso que buscan mantener su "status quo", y que por eso expulsaron a Iván Velázquez, presidente de la CICIG.
"Manipulan para impedir mi participación en el proceso electoral porque tienen miedo de mi participación, saben que voy a seguir la lucha contra la corrupción y muchos están temblando por eso en Guatemala", aseguró Aldana.
Guatemala realizará sus elecciones generales el próximo 16 de junio, para las cuales ya fueron oficialmente inscritos 21 binomios presidenciales, y tres están a la espera de una resolución del Tribunal Supremo Electoral.
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En total 26 partidos buscarán ganar 340 corporaciones municipales, 160 curules en el Congreso y 20 en el Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.