"Hay verdaderamente nulidad de esos ascensos porque no se cumplió ni con la ley ni con el reglamento. Estando bajo un Estado de Derecho, siendo una mujer de ley, no podía callar esos actos de impunidad en el Ministerio Público (…) El pueblo guatemalteco tiene que saber que siempre la fiscal general va a estar en contra de la corrupción y de la impunidad", dijo Porras durante una conferencia de prensa, informó la cuenta oficial del Ministerio Público.
Además, señaló que al recibir denuncias sobre diferentes irregularidades y anomalías, decidió solicitar un equipo de trabajo para que analizara el asunto.
"El informe de la comisión dice que no se garantizó la igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso dentro de institución, no se rigió por el proceso de oposición establecido en la ley, no se hizo en concordancia con instrumentos internacionales de derechos humanos y la Constitución política, pues no hubo reglas claras para la participación de los oponentes desde el inicio", agregó Porras.
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Tanto la dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público como la Escuela de Capacitación informaron que el proceso de los ascensos no se había basado en ningún reglamento, añadió.
Asimismo, señaló que la convocatoria no se publicó en el diario oficial como lo exige la ley y no fue propuesta con un mes de antelación, sino que se hizo con solo dos días de anticipación.
Porras aseguró que en los próximos días se realizará una nueva convocatoria que garantice la igualdad de oportunidades para aquellas personas que aspiren estar en esos puestos.
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"Enfáticamente les dije (a los fiscales) que no está en discusión ni la capacidad, ni el tiempo de ellos, sino que lo que está en debate es el mal procedimiento que se llevó a cabo para poderlos ascender", agregó.
Porras se definió como "una mujer respetuosa de los derechos humanos y de los fiscales", por lo que en "ningún momento" los coaccionó; sino que lo que hizo fue convocar una reunión para manifestarles las irregularidades.
El Ministerio Público aceptó las "renuncias voluntarias" de dos fiscales y también accedió a las solicitudes de otros cinco para que se dejase sin efectos sus ascensos.
Pero los fiscales regionales denunciaron que Porras los "coaccionó" y los mantuvo encerrados hasta que accedieran a renunciar.
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La hasta ahora jefa del Departamento Jurídico del Ministerio Público, Dina Benavides, denunció una situación similar y sostuvo que fue obligada a renunciar para que dejara de ejercer la defensa de la fiscalía en un proceso en el que empresas privadas pretenden defraudar al Estado.
Todos estos ascensos se llevaron a cabo durante la gestión de Aldana, quien afirma ser víctima de "intentos ilegales" de persecución y linchamiento porque aspira a participar en las elecciones presidenciales del año próximo.
Aldana fue varias veces amenazada de muerte mientras conducía investigaciones que develaron tramas corruptas en el poder político y empresarial de Guatemala.
