Las organizaciones, entre ellas tres internacionales, agrupadas en el colectivo "Sin cuotas ni cuates (amigos)", criticaron el nombramiento de Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Corte Suprema por los próximos 15 años, debido "a su falta de idoneidad e independencia para ocupar el cargo".
La votación para elegir entre tres candidatas propuestas por López Obrador culminó el proceso legal a pesar de los "serios cuestionamientos" de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, académicos y defensores de derechos humanos.
Pero la designación fue aplaudida el miércoles por López Obrador y el oficialismo, cuya bancada cuenta con 70 de los 128 asientos del Senado.
"Celebro que los senadores se hayan decidido por ella de manera democrática, quiero decir que todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo y el presidente; pero esto ya cambió, la línea es que no hay línea", para los legisladores del Movimiento de Regeneración nacional (Morena, izquierda) y sus aliados, dijo el presidente en conferencia de prensa.
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López Obrador elogió la carrera académica de la nueva ministra y dijo que su esposo, el contratista José María Riobóo "no tiene ningún cargo, sí me ha ayudado y es un ingeniero con mucha capacidad, profesional, es de los mejores estructuralistas del país, independientemente de si gusta o no, o si cae bien o no".
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Durante la gestión de López Obrador como alcalde de la capital (2000-2006), Riobóo diseñó las estructuras de los segundos pisos de la capital, mientras Esquivel Mossa causó polémica por su postura en contra del aborto.
Críticas al proceso actual
En México, el presidente envía una propuesta de tres candidaturas y el Senado elige entre ellas a un nuevo integrante de la Suprema Corte.
Además de garantías legales para fortalecer la independencia judicial, se requiere "promover mecanismos que impidan la interferencia de intereses económicos y políticos en los procesos de designación" de miembros del máximo tribunal, agregaron.
El colectivo que incluye a la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Defensa Legal y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirma que el mecanismo actual "impide un proceso de designación transparente y con participación ciudadana sustantiva".
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El proceso actual depende de acuerdos políticos que "debilitan la independencia judicial" de la Suprema Corte, puntualizó el colectivo.
La declaración fue respaldada asimismo por las fundaciones para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el centro de análisis y de investigación Fundar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México Evalúa, el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, y Servicios y Asesoría para la Paz.
